Soledad Monzón afronta el final de este mandato satisfecha del trabajo realizado al frente de la Consejería de Educación y Universidades y de los resultados obtenidos, y a pesar de que, según apunta a lo largo de la entrevista, en estos cuatro años han existido también dificultades.
Indudablemente estos cuatro años han servido para mejorar el sistema educativo canario.
¿En qué sentido?
Cuando llegamos nos encontramos que la primera tarea que teníamos que hacer era desarrollar la Ley Canaria de Educación no Universitaria aprobada en 2014. La ley contiene una serie de planes que son los que definen el sistema educativo de las Islas. Hoy podemos decir que ya están prácticamente todos en ejecución.
¿Por ejemplo?
Pues el Plan de Desarrollo Social y Profesional del Profesorado, donde nuestra intención ha sido poner en valor la figura del docente dentro del sistema educativo, y que incluye, entre otras cuestiones, una de sus demandas históricas, los sexenios, que ya desde el año pasado se están llevando a cabo. Otro plan que ha sido también clave es el de Atención a la Diversidad, pues al inicio de la legislatura contábamos con más de 20.000 alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, que requieren una atención diferenciada. Igualmente, un Plan de Formación del Profesorado que se va renovando cada tres años y en el que hemos tratado de incorporar toda esa formación que requieren los docentes para actualizarse. También se ha aprobado un Plan de Infraestructuras Educativas, con una inversión de 507 millones de euros hasta 2025. En dicho plan era fundamental recuperar el convenio con el Estado de 42 millones, pero finalmente solo hemos podido tener la anualidad de 2017, que se incorpora ahora al presupuesto de 2018, pues no hemos logrado con el cambio de Gobierno firmar el convenio que le dé un carácter plurianual.
¿Y entonces?
Pues esa lucha debe seguir.
¿Algún plan más?
Sí, el Plan de Igualdad, fundamental también, pues consideramos que la igualdad no es algo que debamos trabajar solamente el día 8 de marzo y la semana que lo rodea, sino que es una constante dentro de los centros. Hemos creado la figura del agente zonal de igualdad, 50 agentes en toda Canarias que se están encargando de desarrollarlo. Además, está el Plan de Residencias Escolares y estamos ultimando ya el Plan de Educación Infantil de 0 a 3 años, en la que nuestra demanda más importante es una regulación general por parte del Estado que defina si debe ser gratuita, universal y si la deben gestionar los ayuntamientos, que son los que reciben el dinero estatal, o el Gobierno de Canarias, que es a quien se le exige que lo haga.
Su área ha sido, junto con Sanidad y Políticas Sociales, una de las más castigadas por la oposición. ¿Ha dado motivos para ello?
La sensación que tengo es que no hemos sido la consejería más criticada. Lo que está claro es que en las áreas sociales las necesidades son siempre mucho mayores que incluso los presupuestos que podemos gastar o los incrementos presupuestarios. Pero el balance que podemos hacer y las mejoras que se han introducido están reconocidas por la comunidad educativa.
Uno de los argumentos utilizados para criticar su gestión es el incumplimiento de la Ley Canaria de Educación no Universitaria y, más en concreto, la financiación y el objetivo de alcanzar el 5% del PIB en el 2022. ¿Los logros enunciados anteriormente por usted desmontan los reproches que le han hecho?
Cuando se habla de incumplimiento de la Ley Canaria de Educación no Universitaria por la financiación no es real. Lo que dice la norma es que se debe incrementar el presupuesto de forma progresiva para llegar al 5% en el 2022. Estamos en el 2019 y el incremento que se ha producido en los presupuestos desde el año 2015 ha sido progresivo. Primero 16 millones, luego 42, más adelante 100 millones y ahora en este presupuesto, con la incorporación de los 42 millones, también aumentamos más de cien millones. Por lo tanto, lo que no podemos hacer es establecer unos porcentajes diferentes al que pone la ley canaria. El cumplimiento es el 5% en el 2022.
En la situación actual, ¿Canarias está en condiciones de llegar a ese cinco por ciento?
Está en condiciones si todos nos ponemos a ello, porque si Canarias pudiera gastar el superávit de 600 millones que tiene actualmente, pues imagínese cómo crecería el presupuesto de Educación. No solo conseguiríamos el 4% que nos reclaman en el 2019, sino que podríamos llegar incluso al cinco por ciento. Por lo tanto, lo que no se puede es impedir que el presupuesto de Canarias crezca, pero sí exigir que se cumpla un requisito que no está en la ley.
¿Qué hace falta, entonces?
Cuando hablamos de financiación, el debate se centra en el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, pero no oigo ninguna voz que en Canarias reclame el 5% a nivel estatal, cuando el tema de financiación fue, precisamente, el que rompió la negociación que había para llegar a un pacto por la Educación en el Estado. Hemos sido capaces de romper un camino para conseguir un pacto a nivel estatal, que es lo que reclama toda la comunidad educativa, porque dará estabilidad y no esta situación en la que llevamos siete leyes educativas en 35 años.
Asunto complicado este, ¿no?
Desde 2013 tenemos una ley, que es la LOMCE -Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa-, que hemos estado tres años desarrollándola y dos intentando derogarla. El nuevo Gobierno socialista lleva dos meses modificando la LOMCE, para llevarla al Congreso, pero al convocarse las elecciones es un proyecto de ley que decae. No sabemos lo que va a pasar tras el 28 de abril, si se va a presentar de nuevo o si salen los partidos de derecha que abogan por centralizar la Educación y que vuelvan las competencias al Estado. Con lo cual, llevamos una legislatura totalmente perdida a nivel estatal en materia de Educación. Totalmente perdida.
¿Qué recomienda usted?
Nosotros reclamamos que en el proyecto de ley, más que entrar en el detalle de si las asignaturas cambiaban, volvían o se quedaban como estaban ahora, las cuatro cuestiones fundamentales que pactamos en su momento en el propio Parlamento: estabilidad, que podamos contar con una legislación que perdure en el tiempo y que dé estabilidad al sistema; financiación, no podemos exigir solamente a Canarias una financiación, cuando en el Estado no la estamos exigiendo y este impide que Canarias pueda hacer crecer su presupuesto en Educación; la regulación a nivel estatal de la educación de 0 a 3 años, que le dé homogeneidad al sistema, y la carrera profesional de docente. Esas cuatro demandas estaban recogidas en cierta manera en el último proyecto de ley que se presentó en el Congreso. Es una pena que hay decaído con la convocatoria de las elecciones del 28 de abril.
Cambiemos de tercio. ¿La plantilla de docentes continúa siendo deficitaria en las Islas?
En esta legislatura hemos incorporado a más de 1.200 docentes a las aulas, lo que nos ha permitido cubrir bastante el déficit que se había producido en la pasada con los recortes que hubo, y han mejorado indudablemente las ratios.
¿Tienen previstas oposiciones este verano?
Sí, efectivamente. Una cosa es la incorporación de docentes que mejora la calidad, las ratios y demás, y otra cosa es la estabilidad que luego le damos a los docentes.
¿Las oposiciones de este verano serían para esto último?
Sí. Todos los años, salvo el 2017, que no hubo presupuestos generales del Estado, que son los que facilitan la tasa de reposición, se han sacado oposiciones. El año pasado con un número importante para los cuerpos de Secundaria y Formación Profesional, y este año, para Primaria, Educación Infantil y del cuerpo de maestros, con más de 1.200 plazas. La apuesta por la estabilidad del profesorado ha sido también uno de los objetivos de la Consejería.
¿Ya han fijado la fecha?
El 20 de junio.
¿Tiene solución que haya maestros con oposición aprobada, pero sin plaza?
Eso fue una situación que se generó con una disposición que aprobó el Parlamento de Canarias, en los presupuestos del 2018, a demanda de los sindicatos, para que no se reordenaran las listas después de las oposiciones. Y eso generó que los opositores que entraban por primera vez, independientemente de la nota, no quedaban por arriba. Siempre han existido personas que aprueban y no obtienen plazas, lo que pasa es que, al ordenarse las listas, las personas con mayor puntuación se sitúan más arriba. Al aprobar el Parlamento que no se reordenan las listas, pues ellos quedan por debajo, lógicamente.
¿Este criterio se mantiene?
En los presupuestos del 2019 el Parlamento aprueba también que en las siguientes oposiciones se coloquen detrás del último que haya trabajado, una fórmula en la que quedan mejor situados. Lo que está claro es que ninguna de las dos medidas ha resuelto el problema, sino que ha generado más. La solución está en dejarlo como estaba o en la modificación del decreto que regula las listas de empleo y que es en lo que estamos inmersos ahora mismo.
¿Existe alguna propuesta?
Hay un procedimiento de exposición pública de un documento básico, para recibir propuestas de la comunidad educativa y posteriormente empezar a negociar con la mesa sectorial lo que es la modificación de ese decreto y llegar a un sistema de sustituciones y de listas de reserva lo más razonable posible. Independientemente de que tengamos que seguir apostando por un cambio en el acceso a la función pública docente, en el sistema de pruebas, de prácticas, en la formación y actualización del profesorado...
Hay otro asunto que ha generado cierto malestar y es el de la regionalizar la movilidad de los interinos...
No, lo que ha habido es un error a la hora de poner a exposición pública el documento al que antes me refería. Una de las cuestiones que se plantean es la efectividad mayor o menor de la insularización o regionalización de las personas que eligen el lugar de trabajo, bien en el ámbito de la isla o en toda Canarias. Se planteó como uno de los temas a analizar, pero en el resumen hubo un error. Ya está aclarado y corregido.
¿Va a primar el número de alumnos en la financiación universitaria?
El modelo que hemos planteado de financiación está en manos de las dos universidades canarias y la verdad es que nos gustaría poderlo cerrar antes de que finalice la legislatura y poder cumplir el objetivo que nos marcamos todos, para dejar ese modelo cerrado. Será el que lleguemos a un acuerdo las tres partes.
¿La Consejería de Educación y Universidades qué sistema defiende?
Apostamos por el modelo que hemos puesto.
Y dentro del mismo, ¿se recoge que prime el número de alumnos, los proyectos de investigación, la calidad...?
Todo eso es lo que debe primar para la financiación, está claro.
Como consejera, ¿de qué es partidaria, cantidad o calidad?
Deben combinarse las dos cosas. Está claro que el número de alumnos es fundamental, pero también los proyectos que se llevan a cabo.
Uno de los proyectos estrella que ha puesto en marcha su departamento, teniendo en cuenta los resultados, ha sido la Formación Profesional dual...
La Formación Profesional en general ha sido uno de nuestros objetivos, y además marcado por el propio presidente del Gobierno desde el inicio de la legislatura. Para ello pusimos en marcha el Proyecto Enlaza, que es una iniciativa en la que hemos estado trabajando mano a mano con la Consejería de Empleo, porque entendemos que debemos de unir la empleabilidad con la formación. De lo que se trata es de que el alumnado se forme en el entorno real de una empresa.
También es importante la incorporación laboral.
Claro, la experiencia nos lleva a que cuando el alumnado hace las prácticas en las empresas y estas tienen la oportunidad de conocerlos, muchos luego se quedan.
Otra iniciativa a destacar es la educación bilingüe. ¿Han logrado los objetivos que se habían marcado o han hallado más dificultades de las previstas?
Desde el principio sabíamos lo complicado que era, por eso es un plan a tantos años. La implantación está prevista para 2032, porque es lento. Hay que contar con el profesorado que tenga el nivel de idioma suficiente y reconocido para poder impartir su asignatura en inglés. Por eso es paralelo, aunque parezca que son pocos centros los que se van incorporando cada año, el esfuerzo lo estamos haciendo precisamente con la formación del profesorado con la escuela de idiomas a distancia, con las estancias en el extranjero de docentes, tanto en verano como en diciembre, la apertura de más centros de idiomas zonificados posibles, para que sea más fácil, con más certificaciones al año de profesorado de las que había y también del alumnado de Secundaria y Bachillerato en su propio centro.