Una familia del barrio santacrucero de Los Gladiolos ha decidido emprender una acción judicial y una reclamación patrimonial por la muerte de un recluso en la prisión Tenerife II en febrero del año pasado. La madre de Jonathan Casañas Luis firma una denuncia interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital tinerfeña contra directivos de Instituciones Penitenciarias "como consecuencia del mal funcionamiento del servicio público penitenciario, imprudencia, dejación de funciones y otras actuaciones" en las que han podido incurrir. El escrito señala a las personas que ejercían como director y subdirectora en el momento de los hechos.
La muerte se constató el 13 de febrero de 2018, cuando el interno se hallaba en el interior de su celda, junto a efectos para el consumo de droga, como una platina de lo que parecía ser heroína, un elemento para inhalar y un trozo de hachís de unos 5 o 10 gramos. Según el informe preliminar de la autopsia, el motivo del fallecimiento fue una muerte violenta por consumo de drogas o abuso de medicamentos, así como que la causa última es compatible con un cuadro de edema agudo de pulmón.
El entorno de Jonathan considera que el "fallecimiento vino provocado por un anormal funcionamiento del servicio de vigilancia penitenciaria en cuanto al régimen de tratamiento de internos y administración de medicación".
Según la familia de dicho preso, "se tiene conocimiento de que varios internos han muerto por la misma causa por la que falleció mi hijo, por lo que con más razón se reclama por el mal funcionamiento y por no haberse puesto los medios adecuados por parte del centro" para que esos episodios no continuaran ocurriendo.
En el texto se indica que la medicación se entrega a las personas con problemas de toxicomanías de forma controlada de lunes a jueves, mientras que el viernes se le da al recluso el conjunto de sus pastillas para ese día, el sábado y el domingo. La muerte de Jonathan ocurrió en torno a la medianoche del 12 al 13 de febrero; es decir, del lunes al martes de Carnaval del 2018. Según consta en la denuncia, la familia del fallecido presupone que el día 9 de febrero (viernes) se dio una bolsa con pastillas para el mismo viernes, sábado, domingo, lunes y martes.
En el texto presentado al Juzgado se asegura que "la entrega sin control de la medicación a los internos drogadictos, que han sido considerados por el Tribunal Supremo como enfermos mentales, no es algo que se pueda considerar normal, y no se le debe atribuir a estos la responsabilidad de tomar esa medicación toda junta, justamente por eso, porque son enfermos mentales".
También se atribuye al mal funcionamiento del centro penitenciario que se puedan adquirir estupefacientes en el interior del mismo.
La madre del fallecido expresa también "el daño moral, la falta de consideración y respeto tanto a mí como a mis otros hijos por parte de los responsables del centro penitenciario, y en concreto de la Dirección del mismo, ya que ni siquiera se nos informó del fallecimiento y nos enteramos en la calle por un familiar de otro interno". Según señala Vanessa, una hermana de Jonathan, un preso que tuvo conocimiento de la muerte del vecino de Los Gladiolos llamó a su madre para que esta, a su vez, informara del trágico suceso al entorno de la víctima. La citada mujer llamó a un hermano de Jonathan y este telefoneó a Vanessa, que no se podía creer lo ocurrido y, de hecho, pensó que estaba bromeando. Durante la tarde del 12 de febrero del 2018, Jonathan tuvo un encuentro con varios familiares. La mencionada hermana notó que "estaba dopado"; es decir, bajo los efectos de medicamentos. Otro de los aspectos curiosos que Vanessa, su madre y sus hermanos quieren aclarar es la hora en la que murió realmente Jonathan. El informe preliminar de la autopsia determina que el fallecimiento ocurrió entre las 00:00 horas y las 01:00 horas del 13 de febrero. Sin embargo, en el mismo informe del forense se indica que "el cuerpo fue hallado por el funcionario a las 21:00 horas". Los familiares de Jonathan quieren que alguien les aclare esa falta de coincidencia en las horas de la muerte. Según una persona que estuvo en prisión, a las 21:00 horas se produce el último recuento de reclusos. En la denuncia se indica que, "teniendo en cuenta estos datos, no puedo dar por válido un buen funcionamiento del servicio penitenciario". La familia de Vanessa cuenta con el apoyo de los portavoces de Presos de Tenerife, Ernesto Yanes y Domingo Correa.