El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado a la Consejería de Educación del Gobierno regional por no adoptar las medidas necesarias para proporcionar el aprendizaje adecuado a un menor con dislexia.

El tribunal autonómico ha atendido, de esta manera, el recurso de la familia, que había reclamado por vía administrativa que el centro escolar -un colegio concertado de Las Palmas de Gran Canaria- debía proporcionar atención educativa específica al niño, a lo que se negaba aduciendo que su cociente intelectual se encontraba por encima de la media.

La sentencia, hecha pública ayer por la asociación La Casa del Funcionario, concluye que "el hecho de que un menor tenga un coeficiente de inteligencia de 116 no implica que no existan las dificultades de aprendizaje". De hecho, añade, estas dificultades fueron puestas de manifiesto a través de un estudio realizado por un gabinete psicopedagógico privado al que se vieron obligados a acudir los padres ante la "nula respuesta dada por el centro y las autoridades educativas".

Este gabinete privado emitió su informe en noviembre de 2014 y lo completó con una segunda evaluación en mayo de 2015. De ambos dictámenes se desprendía la existencia de dislexia. Basándose en ellos, los padres solicitaron a la dirección del centro escolar la realización de un informe psicopedagógico y la consiguiente adopción de medidas para adecuar su aprendizaje a las condiciones del trastorno.

Sin embargo, según el tribunal, "no consta que por parte del centro se adoptaran las medidas que exige la normativa", ni siquiera la elaboración del informe. El fallo obliga al colegio a llevar a cabo la evaluación psicopedagógica y a tomar "las medidas necesarias para la adaptación metodológica del menor".

La Casa del Funcionario considera la sentencia "pionera" -pues "ofrece una solución rápida y eficaz" para los menores con dislexia- y celebra que la magistrada haya aceptado los informes del centro psicopedagógico privado, que, lamenta, no suelen ser asumidos por los colegios.