Familias de personas con discapacidad encuentran dificultades en los trámites con bancos o administraciones

Los cambios legislativos sobre la capacidad jurídica que tienen las personas con discapacidad para tomar decisiones no han calado todavía en muchos empleados de bancos o funcionarios de administraciones públicas en España, que "ponen problemas" en los procedimientos y las familias se encuentran con dificultades para resolverlos.

Así lo expuso este miércoles Torcuato Recover Balboa, asesor jurídico de Liber, asociación de entidades de apoyo en las decisiones, en la jornada formativa sobre la materia que se celebró en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.

Para Recover Balboa, hace falta un cambio en la mentalidad en las personas encargadas de realizar determinados trámites en entidades bancarias o instituciones públicas, pues ya no se puede incapacitar a un ciudadano por tener una discapacidad intelectual. Y la tutela sólo se aplica a los menores de edad o en otros casos muy concretos.

Por esa razón, cuando el hijo, los padres o el hermano de una persona con discapacidad o con problemas cognitivos derivados de su edad acuden a un banco o administración, no siempre tienen facilidades para realizar sus gestiones en nombre de su ser querido.

Según el asesor jurídico de Liber, "muchas familias han tenido dificultades" en este ámbito. Por eso, dicho colectivo ha llegado a un acuerdo con la asociación de la banca para difundir cómo debe ser el protocolo en este tipo de situaciones.

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Recover Balboa recuerda que lo que establece la Ley es que hay que garantizar apoyo para que la igualdad sea real. En unos casos, las personas con discapacidad requerirán una ayuda menor o mayor, en función de su propia realidad y de la circunstancia a la que se enfrenten. Es decir, en cada caso se debe hacer "un traje a medida" y respetar a voluntad de la persona que va a tomar esa decisión.

Este representante de Liber asegura que sólo el cinco por ciento de las personas que sufren algún tipo de discapacidad necesitan de apoyo para la toma de decisiones.

Las tres figuras que contempla la legislación en este ámbito son la curatela, el defensor judicial y la guarda de hecho.

Las decisiones en las que se puede prestar apoyo pueden ser, por ejemplo, de carácter médico o de tipo económico (por ejemplo, la persona tiene libertad para gastar al menos cantidades inferiores a 500 euros).

Para participar en el proceso de apoyo en la toma de decisiones, los técnicos no sólo deben aplicar un determinado procedimiento, sino que tiene que conocer bien a la persona a la que ayuda, así como respetar sus preferencias y su dignidad, sin imponer nada, así como valorar sus opiniones en cada caso.

Otro de los objetivos del cambio normativo es que la persona con discapacidad o con alguna limitación cognitiva pueda hacer su testamento. Así se procura evitar que, mientras vive el sujeto, nadie se acuerda de visitarlo y de compartir momentos con él, pero desde que fallece aparecen diversos familiares interesándose por su cuenta bancaria o sus propiedades.

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En estos momentos, en Canarias existen tres asociaciones privadas sin ánimo de lucro dedicadas a prestar apoyo en la toma de decisiones. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife está la Fundación Sonsoles Soriano, mientras que en la de Las Palmas operan Adepsi y Funcaprosu.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, explicó que, en la actualidad, hay en el Archipiélago 800 personas tuteladas "a las que brindamos apoyo y a las que debemos garantizar una vida digna y lo más autónoma posible".

Según Delgado, en este sentido, "estamos convencidos de que debemos apostar por un modelo de acompañamiento en la toma de decisiones" de las personas con discapacidad y que favorezca su inclusión real en nuestra sociedad.

Estima que "tenemos que dar pasos para lograr este modelo y estamos en ello". Aunque admitió que queda mucho camino por recorrer, afirmó que "haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para que sea una realidad".

Sobre las jornadas que se celebraron este miércoles, indicó que "son un ejemplo perfecto de cómo llegar a ese modelo que defiende la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en sintonía con las últimas reformas del Código Civil en esta materia".

Para la consejera, el modelo basado en el apoyo del ejercicio de la capacidad jurídica al que aspiramos se basa en el conocimiento de las personas y para llegar a dicho objetivo es imprescindible "trabajar con ellas de la mano", así como desde la más absoluta colaboración entre lo público y lo privado.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aboga por "un cambio de mirada en la atención a las personas con discapacidad", donde se "respete la voluntad y los derechos de las personas del colectivo en su día a día". Así lo ha afirmado durante el acto de inauguración de las jornadas Buenos apoyos para la toma de decisiones. La realidad canaria en el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica.

La cita, organizada por la Fundación Canaria de Apoyos Adepsi, la Fundación Funcaprosu y la Fundación Canaria Sonsoles Soriano Bugnion, en colaboración de la Consejería de Bienestar Social, congregó a expertos y especialistas en materia de capacidad jurídica de personas con discapacidad que abordaron en diferentes mesas y ponencias la normativa, objetivos y fines de la Ley 8/2021, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

En la actualidad, estas tres fundaciones atienden a unas 150 personas con discapacidad en el archipiélago. A estas personas se suman más de 660 que, por determinación judicial, tienen limitada su capacidad jurídica (personas mayores o con problemas de salud mental) y necesitan ser tuteladas. En total, más de 800 personas reciben esta ayuda por parte de las entidades y de la Administración.

Además, a través de FUCAS, se tutela también a personas con otros perfiles que requieren ese tutelaje. "Es importantísimo que celebremos encuentros como éste para seguir avanzando en la autonomía e inclusión de estas personas. Y eso solo podemos hacerlo de la mano con las entidades y los profesionales que dedican su vida a ello".

El acto de inauguración de la jornada fue presidido por el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo; y contó con la asistencia de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado; la directora general de Discapacidad, Dulce María Gutiérrez, la presidenta de la Fundación Canaria Sonsoles Soriano Bugnion, Georgette Bugnion; el patrono de la Fundación Canaria de Apoyos Adepsi, Vicente Rodríguez; y la experta de la Fundación Funcaprosu, Yurena Vega; así como, con la presidenta de Plena Inclusión Canarias, Carmen Laucirica y el presidente de Liber-Asociación de entidades apoyo a la toma de decisiones y de la Fundación Aragonesa Luis de Azúa, Luis Gonzaga.