Las pensiones no contributivas en Canarias tienen rostro de mujeres pobres, que viven solas y en pisos en malas condiciones

La media de estas ayudas en el Archipiélago es de 520 euros, según el Observatorio Social de las personas mayores de CCOO

Adelina Jaén, Juan Sepúlveda y Andrés Baute, de CCOO

Adelina Jaén, Juan Sepúlveda y Andrés Baute, de CCOO / E.D.

Las pensiones no contributivas en Canarias tienen rostro de mujeres pobres, que viven solas y residen en viviendas que se hallan en malas condiciones y con difícil accesibilidad, en pisos sin ascensor, por ejemplo.

Así lo explicó Adelina Jaén Fuentes, secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras (CCOO) en Canarias. Este sindicato presentó en la mañana de este martes su estudio Observatorio Social de las Personas Mayores. Para un envejecimiento activo.

En el Archipiélago se pagaron durante el pasado mes de abril 25.075 pensiones no contributivas, con un valor medio de 520,27 euros. En el análisis realizado por dicha organización sindical se confirma que, en general, en Canarias la media de las pensiones es menor que en el resto del país.

Juan Sepúlveda, secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, recordó que en España se pagan 10.150.528 pensiones, con una media de 1.254 euros. En el conjunto del país se abonan 2.349.184 pensiones de viudedad, con un valor medio de 896 euros.

En el Archipiélago canario se ingresan 360.996 pensiones, con una media de 1.141 euros. De ellas, 83.095 son a personas viudas, con un valor medio de 842 euros.

En la provincia de Las Palmas se pagan más pensiones y con unas cuantías ligeramente superiores que en la de Santa Cruz de Tenerife. Si en las islas orientales se perciben 189.843, con una media de 1.160 euros, de las que 42.829 son de viudedad, con 850 euros de promedio; en Santa Cruz de Tenerife se abonan 171.153, a una media de 1.119 euros, de las que de viudedad son 40.266, con una media de 833 euros.

Juan Sepúlveda dejó claro que, con las reformas aprobadas por el Gobierno del Estado en el 2021 y 2023, se han despejado las dudas sobre la garantía del sistema público de pensiones y se asegura que en el futuro los jubilados van a percibir unos ingresos similares o equivalentes a los de la actualidad.

El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO recordó que eso es así a pesar de que, durante la etapa de Mariano Rajoy (PP) como presidente del Gobierno del Estado se hablaba del agotamiento del fondo de las pensiones, así como de que algunos "expertos" o bancos se planteó que el sistema público no tenía futuro alguno.

Para Sepúlveda, el incremento de estas ayudas públicas en los últimos meses ha permitido paliar la subida de la inflación.

El complemento de la brecha de género ha beneficiado también a nueve millones de mujeres, que tradicionalmente tenían trabajos menos remunerados que los hombres, o bien dedicaron buena parte de su vida al cuidado de hijos y familiares, señala el Observatorio Social de las Personas Mayores.

En dicho estudio se contempla que el 0,77% del PIB (Producto Interior Bruto) se dedica a la dependencia en toda España. Para CCOO, este porcentaje resulta "totalmente insuficiente", pues se debería llegar al 1,5%.

Otro de los problemas detectados en el análisis presentado este martes se halla en que muchas administraciones en todo el país disponen de centros residenciales para personas mayores y dependientes, pero la gestión de dichas plazas se adjudica a empresas privadas, que, en general, ofrecen un peor servicio y su principal objetivo es obtener beneficios económicos.

El sindicato considera que lo ideal es que la administración de dichos recursos también fuera pública, para que, en el caso de que hubiera superávit, se dedicara a la mejora de la atención de los usuarios.

En España, el 62 por ciento de las plazas en recintos geriátricos están financiadas por las administraciones públicas. Canarias es la tercera comunidad autónoma que más unidades costea, con un 67,6% del total, por detrás de Castilla y León, con 76,2%, y Castilla-La Mancha, con un 73%.

A partir de los 65 años, la esperanza de vida para los hombres en Canarias está en 19,2 años, mientras que para las mujeres se sitúa en 22,6 años.

En el trabajo de CCOO también se recoge que el Gobierno de Canarias destina el 9,1% del Producto Interior Bruto (PIB) a gasto sanitario público, por lo que sólo lo supera el Ejecutivo de Extremadura, que dedica el 9,9%. Según dicho análisis, la comunidad autónoma que menos porcentaje aporta a la sanidad pública es Madrid, con el 4,4%.

En el documento se incluyen otros parámetros, como la soledad no deseada entre personas mayores, pues en muchos casos "pierden anclaje social y familiar" con el paso del tiempo. No obstante, se reconoce que este apartado todavía no se ha estudiado en profundidad. "Hay que ponerse las pilas y paliarlo", manifiesta Sepúlveda.

Explicó que uno de los indicadores de que una persona puede tener un problema de soledad no deseada puede hallarse en los servicios sanitarios de Atención Primaria, si acude demasiadas veces sin tener una enfermedad determinada. A esta realidad del aislamiento también contribuye que la persona viva en un piso sin ascensor o en un paraje rural.

La generalización de la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías para casi todo "ha cogido con el pie cambiado" a muchas personas mayores, según el portavoz de CCOO. Por ese motivo, estima necesario que las administraciones públicas y las empresas, sobre todo los bancos, ayuden a este colectivo a utilizar dispositivos electrónicos o se adapten mejor a sus capacidades.

Otra de las realidades que todavía está poco estudiada es el maltrato a las personas de avanzada edad. Pueden ser de diverso tipo, como económico, físico, de gestos e, incluso, sexual, comentó Juan Sepúlveda. Recordó que un ejemplo palpable del abandono de muchos ciudadanos se registró durante el confinamiento por el covid-19 y los meses y años posteriores.

En cuanto a la violencia sexual, señaló el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados que la padecen un 1,9% de las personas, según los datos que existen, aunque muchas no denuncian por vergüenza.