La ley de eutanasia cumple tres años entre trabas de las administraciones: la mitad de solicitudes no prosperan

España se colocó a la vanguardia, hace tres años, al convertirse en el sexto país del mundo en despenalizar la eutanasia. 28 años después de que Ramón Sampedro presentara en un juzgado su demanda para pedir que le ayudaran a abandonar esta vida, sin represalias para quien le prestara la ayuda, el Congreso aprobó la regulación que convierte a la eutanasia en una prestación más del sistema sanitario. Pero la puesta en marcha de la ley sigue dejando luces y sombras.

Por un lado, en estos tres años más de 680 personas han podido ejercer su derecho y recibir unos fármacos que han acabado con su sufrimiento ante enfermedades incurables, incapacitantes o muy dolorosas como alzhéimer o esclerosis múltiple. Pero más de la mitad de las solicitudes no han prosperado -por diversos motivos- y casi un tercio de los solicitantes han fallecido durante la tramitación, según los datos recabados por la entidad referente en la materia, Derecho a Morir Dignamente (DMD).

A su vez, el Ministerio de Sanidad publicó en 2022 un balance que indica que en los dos primeros años de aplicación de la norma 363 personas recibieron la prestación (288 en 2022 y 75 en 2021, cuando solo estuvo seis meses en vigor), pero las solicitudes ascendieron a 749. Y, en 2023 fueron 323 los enfermos que cumplieron su deseo de recibir ayuda a morir, de 727 solicitudes, según el balance provisional de Sanidad al que ha tenido acceso El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, en el que figuran datos de todas las comunidades, pero que aún tiene que ser depurado por los técnicos que realizan el informe anual.

Las trabas

Estos datos indican, según el médico y vicepresidente de DMD, Fernando Marín, que la ley deja un balance "positivo" teniendo en cuenta los enfermos que han podido acceder a su deseo de acortar su vida, con ayuda sanitaria. "Pero mientras siga habiendo casos en los que ejercer el derecho se convierte en una pesadilla, [...] hay muchas cosas que mejorar, porque algunas personas, durante el proceso, lo pasan muy mal", ha denunciado.

Aunque la ley indica que desde que se solicita hasta que se recibe la eutanasia no deben pasar más de 35 días, la media está en 75 días

Por ejemplo, DMD critica que aunque la norma indica que desde que se presenta la solicitud hasta que se recibe la ayuda a morir no deben pasar más de 35 días, la media se sitúa en torno a 75 días. Esto provoca que algunas personas mueran antes porque, en algunos casos, la solicitud se presenta cuando ya están muy deterioradas. Además, según los cálculos de DMD, las solicitudes denegadas ascienden al 20% y otras se alargan y se alargan porque hay que acudir a los tribunales y estos tardan más de un año en pronunciarse.

Cataluña, Euskadi, Navarra se sitúan a la cabeza en el número de eutanasias practicadas

De entrada, uno de los problemas es que el procedimiento para acceder a la prestación es muy "farragoso", en palabras de Loren Arseguet, responsable del área internacional de DMD. Se requiere la conformidad de dos médicos distintos y que el caso sea evaluado por un comité de garantías. Y en alguno de estos órganos, como en Castilla y León, según Derecho a Morir Dignamente, hay personas que se oponen a la norma.

Las desigualdades

Esto provoca que algunas autonomías se sitúen a la cabeza en número de eutanasias, como Cataluña, Euskadi, Navarra y otras que arrastren los pies y que ni siquiera publiquen su informe anual. "El acceso al derecho depende del lugar donde se vive, algo inadmisible", sostiene Arseguet. Así, aunque "los datos son escasos y fragmentarios", la tasa de eutanasias teniendo en cuenta el global de fallecidos en España es inferior al 0,07%, con "enormes desigualdades" por comunidades.

DMD reclama al Ministerio de Sanidad un reglamento que aclare las dudas y defina los mínimos exigibles

En las tres mencionadas autonomías, la cifra de eutanasias es de un 0,1%, mientras que en otros territorios como Murcia, Extremadura o Galicia la muerte asistida tuvo una incidencia diez veces menor, de poco más del 0,01%. En todo caso, son datos inferiores a los que se registran en otros países donde el derecho a la muerte asistida está bien asentada y representa entre el 1% y el 4% del total de defunciones.

Además, la medicina privada, de momento, "se mantiene al margen, como si la ley no fuera con ellos" y DMD ha conocido sentencias que ponen piedras en el camino, con argumentos "falsos como que la esclerosis es curable", según Marín. Por todo ello, la entidad sostiene que algunos solicitantes reciben un "maltrato institucional", que hay que corregir, para lo cual han presentado 18 propuestas. Entre ellas, que el Ministerio de Sanidad apruebe un reglamento que aclare las dudas y defina los mínimos exigibles, que proponga un modelo de informe similar para todas las comunidades e impulse una comisión estatal de eutanasia.