Esta semana se han cumplido ocho años desde el fallecimiento de seis excursionistas en la galería Piedra de Los Cochinos, en Los Silos. En noviembre del año pasado se celebró el juicio en la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias para determinar las responsabilidades por la tragedia.
Las partes personadas elaboran sus conclusiones definitivas y las presentarán en las próximas semanas al citado órgano judicial. Es decir, la sentencia difícilmente saldrá antes de abril.
Los abogados de las familias de los fallecidos consideran que los responsables de los fallecimientos son el Consejo Insular de Aguas de Tenerife; la propiedad de la galería; la Consejería de Industria del Gobierno canario; la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y dos supuestos guías de la excursión.
El letrado de las familias de tres víctimas, Antonio Molina, explicó a EL DÍA: "Vamos a mantener la postura que teníamos antes y durante el juicio", es decir que el organismo insular, los dueños, el Ejecutivo autónomo, el colectivo ecologista y las dos personas citadas tienen una "evidente" responsabilidad en lo sucedido. Molina representa a los familiares de Estefanía Peña, Ginés Ramírez y Javier de Sousa. La abogada Rosa Ramos defiende a los familiares de Eduardo Delgado y Juan Manuel Fernández del Torno representa a la familia de Juan Luis Medina.
Antonio Molina asegura que durante el juicio "se demostró" que hay "responsabilidades claras y determinantes". Advierte de que solicitará una indemnización global próxima al millón de euros. Molina afirma que esa reclamación debería repartirse solidariamente entre todas las partes condenadas.
Valeria Buenrrostro, de 36 años, doctora en Astrofísica y superviviente de la tragedia, explicó que "han pasado 8 años desde que perdieron la vida seis brillantes jóvenes, llenos de sueños y metas". Recuerda que, "días antes, uno de ellos me había hablado de su sueño de ganar el premio Nobel de Física". Lamenta que "los propietarios descansan tranquilos, sin haber pedido aún perdón". Para Buenrostro, "en el proceso judicial se han empeñado en tratar de responsabilizar a la parte más débil, la más humana, la más indefensa, mientras que poco o nada han tocado a los verdaderos responsables, los que se lucran, los que no cumplen la ley, porque pueden, porque tienen el poder". "Tampoco acabamos de entender que los responsables del centro de emergencias y seguridad no sean imputados, después de la descoordinación total del rescate y el desinterés mostrado ante la llamada de emergencia", indica Buenrostro. Añade que "confiamos en que la Justicia, si no ahora, aunque sea con el curso de la propia naturaleza, devuelva las cosas a su justo sitio".
Un cierre en falso
Sergio Lourenso, exportavoz de los supervivientes y amigo de un fallecido, dice que "aún los jueces no han querido investigar la verdad sobre cómo se genera la decisión de entrar en la galería o el distinto conocimiento del riesgo de propietarios y excursionistas". Opina que "el que haya tardado casi ocho años un juez en inspeccionar in situ la galería y el canal dice mucho". Lamenta que "no se investigó lo suficiente (por los jueces), y se han ignorado pruebas e indicios de delito apuntados hace tiempo, como las irregularidades en las autopsias, o el accidente de 2001, que EL DÍA denunció". "No se le puede poner precio a la muerte de seis jóvenes por la negligencia de los propietarios y el proceso ha puesto en evidencia las mismas contradicciones y no tiene ningún valor", según Lourenso. "Si termina así será un cierre en falso y una frustración sobre el valor de la justicia", señala. El exportavoz apunta "que la administración continúa, poco a poco, actuando sobre la seguridad de las galerías, pero aún es muy blanda con los dueños". Estima que "no se trata solo de que cumplan la maldita ley de una vez, hay que sancionarles con mano dura por haberla incumplido".