Miembros del Cuerpo Nacional de Policía adscritos al Grupo de Investigación (GIE) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Sur de Tenerife llevaron a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en dicha zona de la isla y procedieron a desmantelar una "empresa ficticia" que habría defraudado al ente público alrededor de 41.000 euros a través de simulaciones de contratos a inmigrantes, que, a su vez, conseguirían ciertos beneficios administrativos y fiscales, como permisos de residencia o subsidios por desempleo.
Hasta el momento, la investigación desarrollada por los funcionarios policiales ha permitido el arresto de seis personas y la imputación de otras dos.
Después de varios meses de gestiones, los agentes consiguen desarticular una "trama empresarial", que, gracias al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, suscrito en abril de 2013, pudo salir a la luz.
Entre los detenidos se encuentra el presunto impulsor de la empresa ficticia, un abogado que posee una gestoría en la zona de Guaza, en el término municipal de Arona.
Dicho profesional era el que presuntamente se encargaba de captar a los inmigrantes, a quienes ofrecerles contratos a cambio de una cierta cantidad de dinero.
Como consecuencia de las pesquisas realizadas, se tuvo constancia de que, además, en algunos casos el contrato de trabajo se habría facilitado a cambio de favores sexuales.
Al menos habría vendido un contrato de trabajo a una de esas personas a cambio de mantener relaciones sexuales. Supuestamente, por cada mes de alta en la Seguridad Social, a cada "cliente" de la trama se le cobraba entre 300 y 450 euros, según la información divulgada ayer por parte de la Comisaría Provincial.
Desde el Cuerpo Nacional de Policía se recomienda que, ante la sospecha de que los contratos puedan ser ilegales, las posibles situaciones de residencia autorizadas con los mismos se revisarían perdiéndose la vigencia de la regularización.
El cabecilla de la trama fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción numero Uno de Arona, encontrándose en la actualidad en libertad con cargos, a la espera de la celebración del juicio.
Respecto al resto de implicados que fueron apresados, quedaron en libertad.