José Manuel Mosquera Castelo está siendo juzgado este mes en Tenerife por un caso de estafa a empresarios de la Isla necesitados de financiación para sus sociedades. Según el Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional, Mosquera, junto a otras ocho personas más, integró una organización para llevar a cabo el engaño a diferentes víctimas de las que presuntamente los procesados percibieron más de 750.000 euros entre los años 2008 y 2012. Y no es la primera vez que Mosquera es vinculado con una estafa.
Mosquera Castelo fundó en 2004 en Gran Canaria una escisión de la Orden Bonaria, una especie de institución caballeresca con fines humanitarios, que él mismo cerró en enero de 2010. Por aquella época se hizo llamar Iosephus Emmanuel III, supuesto heredero de la dinastía siria de Tadmur y príncipe de Champdor. Esa capacidad para crear "un mundo aristocrático" a su medida, le convirtió en una persona controvertida y polémica.
En la Audiencia Provincial también se juzga estos días a un estrecho colaborador de Mosquera durante años, José María Alarcón Cabo, y a la esposa del primero, María Rosa Maldonado.
Respecto a los hechos que afectan a empresarios tinerfeños, la trama llegó a cobrar a varias de las víctimas 3.000 euros por "estudios de viabilidad o rentabilidad realizados por Interpol", una labor que en absoluto corresponde a dicha agencia internacional de investigación, en la que participan agentes de muchos países del mundo. Así lo manifestó ayer el inspector que ejerce de jefe del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife a la fiscal Jezabel Criado.
El inspector manifestó que, desde que se detectó que hubo pago por el mencionado concepto, ya los integrantes de su grupo sabían que se había cometido una estafa.
Además, a los afectados les hacían pagar otros 3.000, 2.000 o 1.000 euros, dependiendo de cada empresario, por ser socios de la entidad que supuestamente les iba a dar la financiación.
Según dicho investigador, los 750.000 euros es la cantidad que "objetivamente" se ha podido demostrar como estafada a varios empresarios porque se hicieron por transferencias, pero la cantidad global se desconoce porque también hubo pagos "en mano".
Cabe recordar que los miembros de la trama "captaron" empresarios que necesitaban financiación, cuando ya se había iniciado la crisis y los bancos no les ofrecían la misma. Según el inspector de la Policía, los responsables de la trama "daban a entender que no había riesgo, pero existía muchísimo".
El jefe del Grupo de Delitos Económicos manifestó también que el dinero que aportaron los afectados no se dedicó a inversión, puesto que, al menos parte, fue directamente a gastos personales de José Manuel Mosquera Castelo, que residía en Madrid, para viajes, restaurantes y otras actividades de ocio.
Una casa-museo y una vida de lujo
El inspector del Grupo de Delitos Económicos comentó ayer que la vivienda de Mosquera "parecía un museo, con armaduras y muchas colecciones, de monedas o plumas estilográficas, por ejemplo". En esa línea, dicho agente de la Brigada Provincial de Policía Judicial comentó que la mencionada persona llevaba un "alto nivel de vida" en su actividad cotidiana. Uno de los hombres que se hizo pasar por oficial bancario para propiciar la estafa es de origen argentino y se dedicaba, en realidad, a tocar la guitarra y cantar en varios hoteles del Sur de Tenerife, según descubrió el equipo investigador. Mosquera Castelo fundó en 2004 en Gran Canaria una escisión de la Orden Bonaria, una especie de orden caballeresca con fines humanitarios. Por aquella época se hizo llamar Iosephus Emmanuel III, heredero de la dinastía siria de Tadmur y príncipe de Champdor, según varios reportajes publicados en Interviú en 2009 y 2010. Sin embargo, Mosquera es hijo de un carpintero gallego que emigró a Suiza; país donde nació el hoy procesado. En 2009, Mosquera fue enviado provisionalmente a prisión al ser vinculado con una estafa a 1.500 familias españolas, noruegas, finlandesas, irlandesas y británicas que dieron varias entregas a cuenta a los promotores de casi 2.000 viviendas en Campos del Río (Murcia). En total, los afectados entregaron 52 millones y la urbanización no se llegó a hacer. El papel de Mosquera y José María Alarcón Cabo (otro de los procesados y juzgados estos días en Tenerife) fue constituir financieras en el extranjero para operar como entidades que avalaban esas sumas de dinero entregadas por las familias. Según afirmó un abogado de los afectados, Joaquín Guzmán, en la citada revista, "hicieron creer a la gente que su dinero estaba seguro, que los avales eran válidos y que la empresa avalista estaba autorizada".