Los tres empresarios acusados de falsificar facturas del Cabildo para realizar obras quedaron absueltos. La Fiscalía y la acusación particular consideraban que se estaba ante una estafa, falsedad de documento mercantil y alzamiento de bienes, por lo que el Ministerio Público pedía 15 años de cárcel y la devolución de 1,4 millones.
La Audiencia falla que los hechos no son merecedores de esta calificación tras celebrar la vista en marzo. Estos promotores fueron adjudicatarios de las obras del Mirador de Humboldt en La Orotava, la Plaza de Las Indias en Güímar y la primera fase del Parque central de Arona, entre otras. La Sala determina que existen dudas suficientes como para decantarse por la absolución de J.L.G.D.L., P.G.M. y C.G.M. y que las acusaciones carecen de la solidez necesaria para concluir en una sentencia condenatoria. El fallo descarta que se esté ante una trama criminal para falsificar documentos, estafar y proceder al alzamiento de bienes con el fin de no hacer frente a las deudas contraídas. La Fiscalía sostuvo que los empresarios imitaron firmas de técnicos del Cabildo en 29 certificaciones de obras por valor de 1,4 millones de euros con el fin de que una financiera les adelantara el dinero. Al final, la entidad crediticia que actuó de acusación particular nunca pudo cobrar las cantidades comprometidas, al percatarse el Cabildo de que las facturas eran falsas. También se les acusaba de haber vendido un edificio en Madrid que estaba embargado con el fin de eludir sus deudas. La Audiencia determina que, aunque se hubieran falsificado unas firmas, engañado a la entidad crediticia y desprendido de propiedades, "en ningún caso estos hechos suponen la acreditación de que actuaron bajo móviles criminales". La Sala considera "incuestionable" que se presentaron certificaciones de obras con una firma falsificada por personas desconocidas, aunque no se puede concluir que lo que decían los documentos no fuese real. El fallo, que es recurrible ante el Tribunal Supremo, determina que en la vista no declaró ningún representante del banco que relatara cómo se hizo el supuesto engaño. Además, se recuerda que los peritos concluyeron que las firmas no tenían autor conocido. Tampoco se pudo demostrar que los promotores hacían mal las obras y que con el fin de evitar que el Cabildo se diera cuenta de ello pero poder cobrar el dinero, falsificaron firmas o encargaron a terceros que lo hicieran.