La Audiencia Provincial condenó al ciudadanos austriaco Gustav A.K. a cumplir tres años de cárcel y a devolver 1,9 millones a varios inversores al confesarse autor de los delitos de estafa, falsedad documental mercantil y apropiación indebida. Las cantidades deben ser abonadas a una empresa y a cinco particulares en concepto de perjuicios y daños morales.
La sentencia da por probado que el acusado venía utilizando con fines defraudatorios en 1996 y 1997 una sociedad cuyo nombre coincidía parcialmente con el de un banco muy conocido en Austria, Suiza y Alemania, con el que no tenía relación ni vínculo alguno. Aprovechaba esta confusión de nombres para quedarse con las aportaciones que en concepto de depósito de alta remuneración habían hecho ciudadanos alemanes.
Los estafados creían que estaban dejando su dinero en una caja de ahorros solvente y vinculada a entidades financieras españolas reales. Estos hechos ya fueron objeto de una sentencia condenatoria en 2011, ratificada por el Tribunal Supremo (TS), tras la cual decidió desprenderse de la totalidad de las participaciones que tenía en la entidad. Pero posteriormente contactó con otros ciudadanos alemanes a los que ofreció un elevado tipo de interés por efectuar depósitos en la sociedad del mismo nombre. Para convencerlos incluso les entregaba una libreta con la cantidad invertida y les ofrecía la posibilidad de adquirir participaciones en la entidad prometiéndoles que era un negocio próspero y rentable. Pero en realidad a los clientes les ocultaba que la entidad no era más que un puro instrumento con fines defraudatorios y sin otra actividad económica real.
El condenado contactó con varios ciudadanos y los convenció de que invirtieran y para ello constituyó una entidad mercantil cuyo domicilio social era su casa en El Rosario. Todo ellos fueron engañados y no recibieron contrapartida económica alguna por el precio pagado, más allá de ostentar la mera titularidad de unas participaciones sociales en una sociedad limitada sin capital real. Entre los estafados estaba un amigo de su infancia que llegó a depositar 120.000 euros. Cuando el cliente se arrepintió y reclamó la devolución del dinero, el acusado le respondió con escritos en los que le comunicaban su inmediata restitución, lo que nunca ocurrió. El estafador elaboró un libro de registro sobre las supuesta juntas de la sociedad creada por él que daba a firmar a los distintos inversores que no comprendían el contenido de los escritos, dado que estaban en español.
En una de estas se llegó cesar a sí mismo y en su lugar fueron nombrados como administradores otras dos personas y se cambió el domicilio social a la localidad grancanaria de Maspalomas.
En pesetas
Después, echaría a los nuevos cargos y nombraría otro, a la vez que presentaba una denuncia falsa, que fue archivada, contra los anteriores acusándoles de haberse quedado con los fondos de la entidad. A esta siguió otra querella de la que se retractó. En el juicio aceptó una sentencia de conformidad y se tuvo también en cuenta las dilaciones indebidas, hasta el punto de que las cantidades defraudadas aparecían todavía en pesetas.