La Fiscalía ha remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife la solicitud de apertura de juicio oral ante Tribunal de Jurado por el caso del secuestro y asesinato del empresario Raimundo Toledo, el propietario de la gasolinera T-Gas de la carretera de El Médano, en Granadilla de Abona. El representante del Ministerio Público pide 31 años y nueve meses de prisión para cada uno de los tres principales acusados: los cubanos Sandra P. y Alexánder R., así como el argentino Diego Claudio, según el documento al que tuvo acceso EL DÍA.
Para el fiscal, dichas personas son responsables de los delitos de detención ilegal (5 años), asesinato (22), robo con violencia de un vehículo (3) y daños materiales (un año y nueve meses). Además, considera que la mujer cometió una quinta infracción penal, simulación de delito, por lo que demanda para ella una multa de 2.400 euros (10 euros al día durante 8 meses).
En cuanto a la responsabilidad civil, a juicio del fiscal los tres implicados deberán indemnizar a la esposa de Raimundo con 165.000 euros por los perjuicios y daños morales ocasionados. Para los hijos del matrimonio, plantea el pago de 19.000 euros, mientras que para la empresa que explota la citada estación de servicio se solicita el pago de 15.510 euros, ya que el Honda CRV donde se quemó el cuerpo estaba a nombre de la mencionada sociedad.
Sandra y Alexánder carecían de antecedentes penales hasta su arresto por este asunto. Pero a Diego Claudio le constan dos sentencias condenatorias anteriores por un robo con fuerza y un hurto.
El fiscal estima que los tres acusados, "guiados por un móvil de ilícito enriquecimiento, se concertaron en los últimos meses de 2015 para secuestrar y dar muerte a Raimundo Toledo", de 68 años de edad y vecino de Santa Cruz de Tenerife. En el escrito se hace constar que Sandra P. era pareja y convivía con un sobrino de la víctima, con quien tiene una hija menor.
Dicho sobrino del empresario tenía una participación del 33,33% en la sociedad que explota la gasolinera, así como un 20% en otra mercantil. El resto de las acciones en ambas empresas pertenecían a Raimundo Toledo González y sus tres hijos. Para el fiscal, Sandra P. tuvo conocimiento de la facturación de dichas sociedades y de la venta de un terreno en el plan parcial La Jurada (junto a San Isidro) a una franquicia de una multinacional de comida rápida por más de un millón de euros.
El sobrino del asesinado tenía mucho interés en dejar su participación en ambas entidades para obtener el dinero en efectivo y bienes inmuebles que le correspondían. Raimundo Toledo, que conocía la dependencia de su sobrino de las drogas, se opuso a tal planteamiento, con el objetivo de que el hijo de uno de sus hermano no dilapidase su patrimonio. Y cada mes le pagaba un dinero como si trabajara en la gasolinera.
El fiscal del caso señala que la investigada Sandra P. consideró que Raimundo era un obstáculo que dificultaba seriamente el proceso de apartar al sobrino del empresario de las sociedades familiares, por lo que "decidió su eliminación". Y para ello, según el documento de la Fiscalía, se concertó primero con Alexánder R., con quien también mantenía una relación extramatrimonial, y lo convenció para que efectuara una vigilancia sobre el dueño de la gasolinera, con el fin de conocer sus hábitos de vida y elegir el momento adecuado para consumar su "intención homicida". El 28 de octubre de 2015 (menos de dos meses antes del trágico suceso), Sandra compró un Seat Toledo y lo puso a su nombre, ya que Alexánder no podía figurar como titular, pues se hallaba en situación irregular en el país. También le entregó a su compatriota una pistola de aire comprimido que adquirió en agosto de ese año. Para dificultar la investigación, comenzaron a usar nuevos teléfonos móviles para hablar entre ellos. Y, con el fin de ocultar su identidad, los titulares de las tarjetas eran otras personas. Después, Sandra y Alexánder contactaron con Diego Claudio. Hubo dos reuniones preparatorias en Cabo Blanco y en San Isidro los días 13 y 15 de diciembre, respectivamente. Ese último día, los dos varones presuntamente se desplazaron hasta las inmediaciones de la vivienda de la víctima y la esperaron durante más de cuatro horas, desde las tres y veinte hasta las siete y media de la tarde aproximadamente. Mientras se hallaban apostados, ambos fueron vistos por un agente de la Unipol de la Policía Local de Santa Cruz, que, incluso, habló con ellos y se quedó con sus caras. Cuando Raimundo llegó en su Honda CRV, Alexánder se subió en el asiento del copiloto y Diego en la parte trasera. En la avenida 25 de Julio, Toledo trató de escapar, pero el cubano lo metió de nuevo en el vehículo. Horas después, los bomberos apagaron el incendio del Honda CRV, con el cadáver de Toledo dentro, en la Montaña de la Centinela.