El juicio a un miembro de Protección Civil acusado de provocar un incendio de varios focos en Ribeira que calcinó en 2013 cerca de 200 hectáreas --piden 15 años de prisión para él--, que se debía celebrar desde este miércoles en Santiago en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, ha quedado suspendido debido a la ausencia de un testigo de la defensa.

De este modo, el juicio tendrá lugar los días 13 y 14 de marzo de 2019, ante la imposibilidad de que un testigo, que se encuentra en Estados Unidos, haya podido declarar. Así, el juez ha explicado que dado que este testigo, que "parece que puede ser importante", no va a volver a España, debe prepararse el procedimiento para que declare por videoconferencia.

Tras la suspensión de este miércoles, Francisco Lago, el abogado del acusado, ha afirmado que este es un testigo "esencial", ya que "lo sitúa a la hora del incendio en otro lugar", en una granja situada en Vixán. Además, esta persona "fue testigo de la llamada que le hizo Protección Civil" ese día al ahora acusado "para que acudiese a colaborar en la extinción del incendio".

En declaraciones a los medios, Lago ha asegurado también que ve las pruebas contra su cliente "un tanto endebles", puesto que, a su juicio, "el procedimiento está todo hilado de una forma un tanto inconexa".

Considera que tanto la prueba que se practicó, como la actuación de la policía "fue un tanto irregular". "Esas pruebas van a resultar ineficaces, por eso resulta esencial que declare (el testigo)", asevera.

En detalle, el escrito de la Fiscalía expone que el acusado aparcó su coche debajo de un puente de la Autovía do Barbanza y se encaminó por una pista de tierra de la zona de A Carballa, en la parroquia de Palmeira. Sobre este extremo, el abogado defensor deja claro que su cliente no tiene carné de conducir y, de hecho, el testigo es un amigo suyo que "le auxiliaba" con su vehículo.

"PRESIONES" A UNA PERSONA "MANIPULABLE"

Junto a esto, Francisco Lago ha resaltado que el acusado "ha sido objeto de unas presiones manifiestas durante el periodo previo a su detención".

Remarca que en "todas las diligencias practicadas por la policía el día de su detención, que fue el 20 de mayo de 2014, no se respetaron sus derechos", "se vulneraron manifiestamente y después la presión ejercida le llevó a asumir un delito menor", pues "le decían que así iba a ser mucho mejor para él, porque si no le decían que así le iban a implicar en todo el incendio".

Por este caso, el acusado estuvo casi un año en prisión preventiva entre 2014 y 2015. Su abogado dice que "es una persona muy dócil, muy influenciable, ha tenido problemas de aprendizaje, es una persona con déficit de atención y, sobre todo, manipulable". "De aquellos polvos ahora tenemos estos lodos", agrega.

Entre las pruebas contra el hombre al que se va a juzgar se encuentran las declaraciones de dos personas, "un agente forestal y otro brigadista, con el que tenía buena relación con anterioridad" este miembro de Protección Civil.

A esto se une que por entonces tuvo "trabas" para contactar con su madre y tener una asistencia letrada de confianza, de manera que al comienzo del caso "tuvo ciertas distancias con el letrado que entonces le asistía", dado que su actual abogado entró en el procedimiento con posterioridad a la calificación del delito. PETICIÓN DE 15 AÑOS DE PRISIÓN

El Ministerio Fiscal pide 15 años de prisión para este hombre por un incendio ocurrido el 27 de agosto de 2013, que puso en riesgo un polígono y un hospital y llevó a cortar la autovía de O Barbanza.

Según recoge el escrito de acusación de Fiscalía, sobre las 20,15 horas de ese día y "con la intención de incendiar el monte", el acusado aparcó su coche debajo de un puente de la autovía.

En su camino, el fiscal le acusa de haber iniciado "al menos tres focos de fuego en la proximidad de dos núcleos rurales", a sabiendas de que "el fuego se podía propagar a lugares habitados".

El hombre, indica el escrito, es cazador y había participado en labores de extinción de varios incendios en calidad de miembro de Protección Civil y también a título individual, tras ser "de los primeros en llegar a los lugares afectados" con "la disculpa de colaborar en la extinción". Por ello, el escrito alude a que el acusado conocía tanto el monte incendiado como "las condiciones medioambientales que provocan la propagación del fuego".

El fuego que se le atribuye, continúa el fiscal, atravesó la autovía y calcinó cerca de 200 hectáreas de terreno. Con un desplazamiento "muy rápido", llegó hasta el Polígono de Xaras, donde fue necesario desalojar varias naves industriales, y al Hospital do Barbanza, donde se llevó a "considerar seriamente" la evacuación de los enfermos y, de hecho, se "creó un retén" para ello, aunque finalmente no fue necesario.

Del mismo modo, fue necesario cortar el tráfico en la autovía y alguno de los cortes duró hasta ocho horas. La Dirección Xeral de Montes calificó el incendio como de nivel 1 debido al "grave riesgo" para las personas del fuego, que causó "una gran alarma social y numerosos pérdidas económicas y medioambientales".

Los gastos de extinción del incendio, sufragados por la Xunta, ascendieron a 85.203,42 euros y las pérdidas por daños y perjuicios ascendieron a más de 79.000. El hombre estuvo en prisión preventiva desde mayo de 2014 a marzo de 2015.

Por estos hechos, el Ministerio Público pide para el acusado una pena de 15 años de prisión por un delito de incendio, así como la indemnización a los afectados por los gastos y pérdidas ocasionados.