El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha expresado hoy su "dolor" por el asesinato de la joven senegalesa Maguette Mbeugou presuntamente a manos de su marido, "una fracaso de la Justicia, con mayúsculas".

En declaraciones a los medios de comunicación, Ibarra ha manifestado que ayer, durante la concentración de repulsa por ese crimen, transmitió a la familia de la joven "víctima letal de la violencia de género" su "sentimiento de frustración como representante del poder judicial en el País Vasco".

Frustración, ha continuado, "por no haber podido evitar esa muerte y cumplir con la función de tutela" que encomienda la Constitución a los jueces en la lucha contra la violencia de género.

Maguette Mbeugou, asesinada el martes presuntamente por su marido, "había solicitado la tutela de la Justicia y no la obtuvo" pero, ha aclarado, "no podemos ver en ello un fracaso de los jueces, sino muy singularmente de la Justicia con mayúsculas", ha sentenciado.

Tras lamentar que la lacra de la violencia machista haya sumado hoy otra víctima en España, Ibarra ha explicado que la juez que conoció de las medidas cautelares solicitadas por la fallecida en Bilbao la denegó después de no haber podido "contar para hacerlo con un informe pericial del riesgo; ni tampoco pudo contar con un informe forense de urgencia, ni con el auxilio de la unidad de valoración integral".

Esa unidad, ubicada en el Palacio de Justicia de Bilbao y dependiente del Gobierno Vasco, "concede cita a varios meses vista por la carga de trabajo" y, en este caso, el juicio se celebró apenas 15 días después de presentada la denuncia.

"Sabemos que las medidas que los jueces adoptamos han salvado muchas vidas de mujeres y también sabemos que podrían salvar más si contáramos con los medios que no se pudo contar en el caso de Maguette", ha sentenciado.

La joven presentó el pasado 6 de diciembre una denuncia ante la Policía Municipal de Bilbao y solicitó una orden de protección en el juzgado, que fue denegada al día siguiente de acuerdo con lo solicitado por el fiscal y por el abogado del denunciado, sin que el auto fuera recurrido.

Al presentar la denuncia, la mujer aceptó acudir con sus dos hijas a un piso refugio del Ayuntamiento, por lo que la jueza entendió que, al salir de la vivienda en la que estaba el denunciado, el riesgo para la joven se había reducido.

La jueza señaló en el auto que el juicio oral se iba celebrar el 21 de diciembre y advirtió de que, en caso de sentencia condenatoria, ya llevaría implícita la pena accesoria de alejamiento.

Sin embargo, ha indicado Ibarra, la sentencia del 12 de enero fue absolutoria "por falta de prueba suficiente" que acreditara las amenazas continuadas en el ámbito familiar.

"Nos toca reflexionar; nos toca comprometernos en la mejora de la tutela que ofrecemos a las mujeres denunciantes víctimas de violencia machista", ha sentenciado el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

"No nos podemos conformar con que cumplimos con los procedimientos, si además de ello sabemos que podemos responder con mayor calidad si todas las administraciones concernidas proponemos mejorar en la prestación de los servicios que nos corresponde", ha añadido.

Ha señalado que se sitúa el foco "en el juez que debe tomar decisiones" en un procedimiento urgente, quien para decidir "debe contar con información y valoración" sobre la situación de la víctima, "que como hemos visto, en el caso de Maguette, no se contó y no es excepcional".

Ibarra ha incidido en que "con excesiva frecuencia" el juez que debe resolver sobre denuncias que presentan las mujeres víctimas de violencia machista no cuenta con esos informes y con esos datos.

A su juicio, "hay que mejorar la coordinación en las administraciones públicas para que la información recabada por la Policía y la valoración del riesgo "llegue a la mesa del juez antes de que le toque tomar la decisión".

Según ha añadido, desde que en enero se emitió la sentencia absolutoria del denunciado "hasta la fecha del asesinato" de la joven, "tuvo que haber más personas, e incluso profesionales, que supieran de la situación de riesgo de Maguette".

Por ello, el magistrado ha animado "a la sociedad y a los profesionales a que tengan en cuenta que las medidas que toman los jueces son siempre revisables" cuando hay nuevos datos y pueden fructificar "para garantizar una tutela eficaz".