El caso del empresario secuestrado y asesinado en diciembre de 2015 tomó ayer una nueva bifurcación al plantear la Fiscalía en sus conclusiones finales la posibilidad de que el objetivo de los acusados no era tanto buscar la muerte Raimundo Toledo, sino secuestrarlo. En consecuencia, se pasaría de estar ante un asesinato a un delito de lesiones agravadas, lo que implica a su vez una reducción de las penas de 22 a 5 años.

El Ministerio Público, no obstante, se muestra convencido de que en realidad se cometió un crimen, pero por motivos de estrategia judicial plantea la otra alternativa, "para que los acusados no se vayan de rositas". Cada uno de ellos sería objeto de una pena de 33 años de cárcel por los delitos de detención ilegal, asesinato, robo de coche y daños por incendio, pero si se tratara de lesiones agravadas la condena se reduciría a los 16 años. En el caso de Sandra se sumarían ocho meses por simulación de delitos. La responsabilidad civil se mantiene en casi 200.000 euros y el jurado se reúne el lunes.

El propio fiscal considera que los acusados carecían de infraestructura para llevar a cabo un secuestro o trasladarlo a la gasolinera, que era propiedad suya, para que les entregara dinero. Más inverosímil aún resulta que toda esta trama solo tuviera como fin darle una paliza que al final resultó mortal. En cualquier caso, cree que los imputados actuaron con alevosía ante la imposibilidad de la víctima de defenderse y la superioridad física de Alexander, supuesto homicida y aficionado al fisioculturismo.

El Ministerio Público mantiene que la pareja del sobrino de la víctima, Sandra Pentón; su amante, Alexander R. R., y el presunto colaborador Diego Claudio R. R. se enfrentaron al imprevisto de ver cómo el empresario falleció a causa de los fuertes golpes propinados por Alexander. A partir de aquí tuvieron que improvisar y decidieron deshacerse del cuerpo: lo metieron en el maletero de su coche y lo tiraron luego por el mirador de La Centinela, en San Miguel. Con el fin de borrar las huellas optaron por incendiar el vehículo con el cuerpo dentro.

Las acusaciones, sin embargo, siguen sosteniendo que todos ellos son autores de los delitos de secuestro y asesinato, mientras que Sandra y Alexander defienden su inocencia. Diego Claudio G.G. asume que participó en la trama por dinero que utilizaba para comprar droga. Y es que, según asegura, en aquellos tiempos tenía un alto grado de dependencia a la cocaína. Su abogada pide que se tenga en cuenta este atenuante y como mucho se le imponga una pena de cuatro años de cárcel.

En cualquier caso, se sigue considerando que tras esta trama hay un móvil económico y, más concretamente, desavenencias familiares por la venta de una parcela en San Isidro. La expareja de Carlos Toledo, sobrino de la víctima, lanzó veladas acusaciones sobre este familiar. En su turno de última palabra, Pentón pidió a los investigadores que lleguen "hasta el final" para hallar a la "verdadera cabeza" de la trama: "Y no puedo decir más -añadió-, porque mi hijo está en este círculo", lo que se interpreta como una referencia a Toledo. "Soy inocente y jamás se me ocurriría cometer semejante atrocidad", añadió. Alexander también defendió su inocencia y dijo que si hubiese tenido algo que ver, lo habría dicho desde el principio: "Soy una persona sincera que jamás le haría daño a nadie".

Diego, al igual que Sandra, pidió perdón a la familia, pero en su caso añadió que está arrepentido de haber participado en esta trama. "Lo que tengo claro es que no me voy al otro lado sin pagar por lo que he hecho", dijo. Dirigiéndose al jurado les pidió que "me condenen por lo que realmente hice, por un error que cometí cuando atravesaba un mal momento en mi vida".

La Fiscalía sigue dando por válido el relato de que los acusados querían deshacerse de Raimundo porque perjudicaba económicamente a su sobrino y por lo tanto a la acusada. Considera que esta última fue quien organizó y financió la trama, para lo que les facilitó un coche, un arma simulada y pagó el billete de Alexander a Madrid días después para huir de la Justicia.

El 15 de diciembre, tras esperar varias horas frente a la casa de Raimundo, los dos hombres acusados lo abordaron y metieron en su propio coche, en el que lo llevaron hasta el Sur. El papel de Diego sería decisivo en cuanto a que a causa del empujón que dio al empresario este no pudo huir en el momento en el que había ya salido del coche. Los dos acusados se separaron en San Isidro y a partir de aquí se supone que se consumó el crimen.

La defensa de Diego apela a la grave adicción que padecía y dijo que se prestó a servir de chófer porque Alexander no tenía homologado el carné de conducir. Asegura que la última vez que vio al empresario estaba vivo, por lo que se desliga totalmente de su asesinato, y afirmó que siempre le aseguraron que lo único que pretendían era cobrar una deuda.

El error de ambos es que dejaron el coche a nombre de Pentón frente a la casa de la víctima, en cuyo interior se encontraba el móvil que utilizaba Diego. A partir de aquí se pudo comprobar el elevado número de llamadas que sostenía con un tal "Cuba", tras el que el Ministerio Público considera que se esconde Alexander. Otro tanto ocurría con Sandra, a la que llegó a telefonear en hasta 400 ocasiones en apenas un mes. Un día después del secuestro, los teléfonos de los amantes fueron dados de baja.

Pero la Fiscalía duda de que la adicción de Diego sea tan grave como este plantea y recuerda que un año después de estar en la cárcel pidió acogerse a un tratamiento en el que solo una vez dio positivo. Tampoco ve creíble que se bajara del coche en un lugar tan concurrido como los alrededores de una gran superficie comercial de San Isidro, donde maniataron a Raimundo y lo metieron en el maletero. En el caso de Alexander recuerda que un policía de paisano lo identificó cuando esperaba frente a la casa de Raimundo. La trama, tal y como ha sido planteada, salió a la luz por medio de las investigaciones tecnológicas que llevó a cabo la policía que permitieron hacer el seguimiento minucioso por medio de los móviles.