La Fiscalía aceptó ayer el planteamiento de los magistrados que enjuician el caso Corredor de que no se reproduzcan durante la vista las casi 50 grabaciones de escuchas telefónicas que la Policía obtuvo en esta trama, para evitar que el juicio se prolongue en exceso.
Ayer se reanudó la vista suspendida en mayo. El grueso del juicio se centró en las declaraciones a puerta cerrada de los ocho imputados que quedan, ya que dos de ellos han muerto.
Todos los acusados se declararon inocentes y negaron su participación en irregularidades en la compra de unos terrenos en los que se levantó una gran superficie en Aguere que luego sirvió como aval para pedir un crédito; la supuesta apropiación de joyas y antigüedades o la simulación de un incendio para cobrar el seguro. También se plantea el cargo de falso testimonio que llevó a dos personas a la cárcel, el impago de un coche de alta gama y la existencia de un parte médico fraudulento que habría servido para recuperar el importe del billete de un viaje a Grecia. Entre los pocos datos concretos que se aportaron es que el valor de las antigüedades es muy menor al planteado por la Fiscalía y que el vehículo sirvió como garantía hipotecaria. La Fiscalía solicita al principal encausado, el abogado y empresario Evaristo González Reyes, 16 años de cárcel, así como otros 14 a los otros ocho imputados. Las defensas anunciaron que aportarán 12 testigos para demostrar su inocencia.
Durante la vista se produjo un altercado, porque González Reyes quiso declarar desde el lugar que ocupan los abogados, pero el Tribunal lo obligó a situarse en el banquillo de los acusados. Desde la defensa sorprendió la renuncia de la Fiscalía a que se escuchen todas las grabaciones, pues suponen la prueba principal en el caso. Las preguntas a los acusados fueron muy generales y las respuestas igual de breves, por lo que en media hora habían declarado los ocho acusados.
"No se entró en un verdadero debate de tú a tú", indicó uno de los letrados presentes.