55.000 euros a un británico que estuvo 643 días en la cárcel en Tenerife y fue absuelto

El Estado deberá pagarle esa cantidad en concepto de responsabilidad patrimonial

Palacio de Justicia de Santa Cruz.

Palacio de Justicia de Santa Cruz. / E. D.

La Audiencia Nacional ha dado vía libre a que un ciudadano británico que estaba en Tenerife reciba 55.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por parte del Estado al haber permanecido 643 días en prisión provisional acusado de intento de asesinato y quedar luego absuelto.

En principio el hombre solicitó 186.000 euros pero el Abogado del Estado se opuso por lo que decidió acudir a la Audiencia Nacional que ahora le ha dado en parte la razón.

Este hombre fue detenido el 14 de agosto de 2016 y permaneció en prisión hasta el 22 de mayo de 2018, momento en el que se decretó su libertad provisional mientras que tres días más tarde quedó absuelto por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Alega que a los daños de permanecer en prisión se une el haber estado a miles de kilómetros de distancia de su familia que reside en Reino Unido y no haber podido trabajar y por ello pedía que al menos se le abonara el salario mínimo interprofesional.

Solicitaba 4.000 euros por haber permanecido privado de libertad, con un incremento del 10% por cada mes que estuvo en esta situación, lo que sumaría 92.500 euros, por los perjuicios morales al no poder ver a sus familiares exigía 67.300 euros y por el dinero que dejó de ganar casi 26.000.

La Audiencia responde que no se ha acreditado la situación familiar del hombre nacido en Manchester que en el momento de la detención tenía 31 años y en cuanto al lucro cesante aportó un documento alegando que ejercía como trabajador por cuenta propia desplazado.

La Sala establece una indemnización global que suma 55.000 euros por todos los conceptos alegados y se abre la puerta a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo (TS).

En su momento la Fiscalía lo acusó junto con otro ciudadano británico de haber cometido dos delitos de asesinato en grado de tentativa y pedía para cada uno de ellos doce años y medio de cárcel y una indemnización total a las víctimas de 21.000 euros mientras que la defensa solicitó la libre absolución, como ocurrió.

Agresión en 2016

Los hechos tuvieron lugar el 24 de julio de 2016 cuando los dos denunciantes estaban en un bar de Arona y fueron agredidos con un cuchillo y sufrieron heridas con la intención de acabar con su vida por parte de dos personas que nunca pudieron identificar.

Los dos acusados estaban ese día y a esa hora en el local de ocio pero nunca se pudo acreditar que fueran los que atacaron a las víctimas y éstos negaron "tajantemente" su culpabilidad en todo momento y de hecho durante el juicio no se pudo demostrar.

Efectivamente ocurrió una pelea entre muchas personas y uno de los detenidos sufrió golpes pero asegura que pudo escabullirse y marchar a su casa mientras que el segundo dice que pasaba por la calle y se bajó del coche al ver el altercado pero que lo hizo con la intención de ayudar.

La identificación de los procesados se llevó a cabo después de que uno de los agredidos dijera que los conocía, pero posteriormente matizó que era por haber trabajado con uno de ellos en la construcción y al otro de vista pero ninguno de los dos llegó a reconocerlos a los agresores y los testigos ofrecieron versiones contradictorias.

Las pruebas de ADN tampoco resultaron concluyentes dado el elevado número de personas que participaron en la pelea y la tramitación de la causa, según el fallo judicial, resultó ser "deficiente y desorganizada".