El registro judicial llevado a cabo el 12 de septiembre de 2008 en la vivienda y oficina que tiene Félix Sierra, concejal del Ayuntamiento aronero y consejero delegado de la zona Sur del Cabildo e imputado por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, ha destapado una presunta trama urbanística, según afirmó ayer el abogado de la acusación, Felipe Campos, en el denominando "caso Arona" después de escuchar el interrogatorio al que fue sometido el edil del PP en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 durante más de cuatro horas.

Al respecto, el letrado aseguró que "ha quedado acreditado que después del registro se ha descubierto una operación especulativa urbanística importante que me ha sorprendido".

Campos Manifestó que en el transcurso de dicha operación ordenada por el juez Nelson Díaz Frías se encontró "un documento" en el que presuntamente se plasma "la compra de terrenos y su recalificación".

Felipe Campos también comentó el "espaldarazo" que está propiciando Juan Manuel Fernández del Torco, uno de los letrados de la defensa, a la acusación con sus declaraciones al calificar de "tráfico de influencias lo que hizo el alcalde de Arona, José Alberto González, con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero".

En este sentido, ayer, Del Torco, hizo otra reflexión pública y aseguró en los juzgados situados en Playa de las Américas que el denominado "caso Arona" es "presuntamente la Marbella canaria".

Poco antes de las 10:30 horas llegaba al Palacio de Justicia de Arona Félix Sierra, pero el interrogatorio no comenzaría hasta mediodía, prolongándose por espacio de más de cuatro horas.

El popular, que salió de la sede judicial pasadas las 19:00 horas tras la redacción del acta correspondiente, negaba que en el registro practicado se localizasen documentos comprometedores.

Hoy está citado, a las 9:30 horas, el edil de Coalición Canaria Antonio Sosa, imputado por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. A las 12:00 horas deberá declarar la concejal nacionalista Clara Pérez por los supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.