El día después del desalojo de Bajo la Cuesta transcurrió en el barrio "sin que hubiera movimiento alguno que nos haga pensar que Unelco empezará la restauración del talud en breve". Antonio Oliva, el presidente de la asociación vecinal, sí valoró positivamente el cumplimiento del compromiso de la alcaldesa de mantener el barrio con vigilancia.

El gobierno municipal informó de que ayer abonó las primeras cuatro de las nueve ayudas de emergencia social concedidas entre las 24 peticiones recibidas, de las cuales una renunció a la misma.

El realojo de una quincena de vecinos cuya única residencia se encontraba en Bajo la Cuesta sigue siendo un problema. "Están en habitaciones del hotel Punta del Rey, pero hay algunos a los que el Ayuntamiento de Candelaria les está ofreciendo un alojamiento alternativo, pero en casas que se encuentran en otros municipios". Al respecto, la Alcaldía aseguró ayer que desde el gobierno municipal "se han ofertado viviendas en las medianías del municipio, Playa de la Viuda y Güímar, entre otros lugares, y han manifestado (los vecinos) su negativa".

El grupo de gobierno refrendó que 15 familias están alojadas en el hotel mientras encuentran una vivienda de alquiler, aclarando que una de ellas la ocupará el martes, 1 de noviembre. De ese grupo, cinco familias tienen concedida la ayuda de emergencia social. Además, otras cuatro familias están ubicadas en viviendas alquiladas contando con la ayuda municipal.

El representante legal de los vecinos de Bajo la Cuesta, José Ortega, mostró su malestar con el proceder de las administraciones municipal y de justicia: "No hay equilibrio. Ellos están arriba y pueden hacer lo que quieran. Nosotros abajo y solo tenemos derecho a recibir palos y ser tratados como perros". Lo hizo tras reconocer que sus tres intentos de paralizar el desalojo fueron denegados por el juzgado.

El secretario municipal recordó a la corporación durante el último pleno que no proceder al desalojo de Bajo la Cuesta implicaría el desacato de una orden judicial. El abogado Ortega lo aclara: "La autorización es lo que su nombre indica: Una autorización para que el Ayuntamiento haga lo que quiere hacer. El juez no ordena, solo autoriza". En este caso, a entrar en las viviendas y desalojarlas.

"Postura intransigente"

Sí se Puede (SsP) rechaza "la postura intransigente y nada autocrítica de la alcaldesa" ante un problema "que se ha agravado extraordinariamente por la mala gestión municipal y ha generado indefensión y un futuro muy incierto para el retorno a sus hogares". Mayca Coello, la portavoz, considera que "no hay justificación suficiente para no haber pospuesto el desalojo hasta el límite establecido por el auto judicial, el 14 de noviembre, y en ese periodo haber resuelto en condiciones adecuadas las alternativas de vivienda". La portavoz ecosocialista reconoce "la coherencia" de los ediles de CC que rompieron la disciplina de voto apoyando la ampliación del plazo del desalojo, la declaración de emergencia y la actuación por la vía de urgencia.