El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, admitió que la construcción de la tercera fase del Hospital del Sur "es una cuestión muy problemática respecto a la constructora" existiendo un "grave problema administrativo". Admitiendo que el tema "tiene que tener una solución dentro de la legalidad", fue concluyente y rotundo al manifestar que, en cualquier caso, cualquiera de las posibles "tienen muy difícil salida".

En declaraciones realizadas al programa "El día por delante", de Radio El día, el nuevo responsable del área de Sanidad en el Ejecutivo regional también dejó meridianamente claro que el conflicto con la constructora responsable de la obra "provoca una pérdida en plazos y en tiempo que es terrible para la población. Todas las salidas que se plantean conllevan un retraso importante", enfatizó Baltar.

El 11 de noviembre pasado fue cuando su antecesor, Jesús Morera, inició un expediente de resolución del contrato por el que la empresa Sacyr, inició en julio de 2016 la construcción de un bloque quirúrgico, dotado de cuatro quirófanos; un bloque obstétrico, con tres paritorios y un quirófano; dos plantas de hospitalización quirúrgica y materno-infantil y otros dispositivos de apoyo a la actividad asistencial, como los nuevos servicios de Farmacia y Esterilización del Hospital del Sur. En agosto paralizó los trabajos que le fueron adjudicados por 7.954.106,70 euros y un plazo de realización de 19 meses.

La constructora presentó el 25 de octubre de 2016 una solicitud de modificado de forma que el nuevo presupuesto de la obras ascendería a 8.739.581,86 euros, es decir, un incremento equivalente al 9,88% del importe de adjudicación.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reiteró ayer que no admitirán la devaluación del material de la obra y explicó que están a la espera de que la constructora justifique que el cambio planteado se ajusta a la calidad de lo que ofertó Sacyr para ganar el concurso.

"Creo que se va a poder solucionar", para lo que "nos hemos dado el plazo de un mes". En el caso de que la empresa constructora "no quiera cumplir, le vamos a caer con todo el peso político y jurídico que tiene el Ejecutivo de Canarias y estoy seguro de que el Cabildo de Tenerife y los ayuntamientos de la comarca apoyarán al Gobierno en esta iniciativa. No vamos a permitir que, después de todo lo que hemos esperado, se haga algo inadecuado y que, además, no es legal".