"Si a Lemes le queda un poco de decencia política, debe dimitir y, si es posible, también el concejal Juan Ramón Martín que es el presunto artífice, para IU, de la utilización de recursos públicos para garantizar una mayoría electoral", aseguró ayer el edil Francisco Hernández, quien el 13 de junio de 2016 denunció ante la Fiscalía contrataciones de servicios, personal y gratificaciones presuntamente ilegales.
El Juzgado de Güímar tiene en su poder las diligencias preliminares de investigación penal remitidas por el Ministerio Fiscal, que de las mismas deduce la supuesta comisión de un posible delito de prevaricación administrativa atribuible al alcalde de Arafo, José Juan Lemes, a su antecesor, Domingo Calzadilla, y a varias empresas y profesionales. A todos los ellos pide su citación en la condición de investigados.
"Algunos pensaron que Arafo era su cortijo y que desde siempre estar por encima de la ley era algo común", dijo Francis Hernández, único denunciante ya que "el resto de la oposición dio la callada por respuesta cuando se le solicitó apoyo siendo conscientes de esta realidad".
A juicio del concejal de IU, "vemos claramente que se ha mantenido el clientelismo, hemos puesto sobre la mesa cómo se benefician a los mismos y cómo los mismos han trabajado para que el actual sistema siga produciendo suculentos beneficios". Omisiones de licitaciones, contrataciones fraudulentas, sobresueldos y saltarse un Plan de Estabilidad "impuesto, que ha asfixiado a la vecindad y que han incumplido con más de 200.000 euros en pagos de sobresueldos y sanciones de tributarias por los mismos" son algunas de las cuestiones que Hernández denunció y que la Fiscalía parece avalar.
Todos los supuestos hechos están datados en los tres últimos mandatos.