El gobierno municipal de Candelaria y la oposición volvieron a discrepar ayer sobre el contenido del pliego de condiciones que deberá regir el futuro concurso para la adjudicación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, recogida selectiva y limpieza viaria, de edificios municipales, de caminos y senderos y de barrancos y playas mediante concesión administrativa por diez años. El mismo fue anulado en agosto de 2016 tras haberlos aprobado en junio del mismo año. Al parecer, persisten casi los mismos errores.
El encuentro a través del que Airam Pérez (PSOE), concejal de Hacienda, Empresas Municipales y Concesionarias, buscó el consenso con Carlos Sabina (CC), Juan Miguel Olivera (PP), Mayca Coello (SsP) y José Fernando Gómez (VxC) concluyó sin acuerdo y con avances mínimos. Fue hora y media de diálogo centrado en aquellos aspectos criticados en junio y agosto por los portavoces de la oposición que siguen sin estar reflejados en el pliego de condiciones propuesto.
Lo que sí aparece en el documento es la subrogación de los 76 trabajadores de la concesionaria actual y el respeto a su convenio colectivo, si bien la oposición defendió establecer cláusulas que imposibiliten mermar los derechos de los trabajadores así como impedir que puedan ser trasladados de destino. El asunto parece tener difícil encaje legal, según se apuntó durante el encuentro.
La discriminación entre trabajadores que se produciría con la aplicación del pliego de condiciones anulado hace ocho meses y la falta de 29 centros municipales en el listado a limpiar contemplado en el pliego fueron las cuestiones fundamentales en las que incidió la oposición para rechazar aquel documento.
Ayer se puso sobre la mesa la existencia de más de 600 aspectos cuestionables del referido pliego así como el hecho de que los servicios jurídicos del Cabildo de Tenerife se inhiben a la hora de valorar la nueva propuesta, algo que también ocurre con los técnicos ante el desconocimiento de su contenido. El gobierno municipal solicitó a la Universidad de La Laguna un informe a fin de determinar si el mismo cumple administrativamente.
Así lo expusieron algunas de las fuentes consultadas y que negocian los parámetros que regirán un gasto de 29.860.542,06 euros. Cabe recordar que las condiciones anuladas fueron elaboradas por un equipo técnico externo que costó a las arcas municipales unos 18.000 euros. La explicación del motivo fundamental que justificaría la anulación por parte del gobierno municipal fue un error en la elaboración de un documento informático basado en el programa Excell. Así lo defendió la alcaldesa ante el Pleno.