Domingo Ramos, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Candelaria desde 2001 hasta junio de 2015, y Fernando Alduán, su sustituto desde entonces hasta la actualidad, son señalados por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife como presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa. Por ello, el Ministerio Fiscal pide al juez que los cite como investigados.

En su denuncia -figura con el número 77/2017-, el fiscal José Ramón Jurado explica que de la documentación revisada y de la investigación realizada se desprende que, "desde al menos principios del año 2013 hasta la actualidad se ha producido una generalizada ausencia de tramitación de todo tipo de quejas (especialmente formuladas por propios ciudadanos) en materia de infracciones de la normativa urbanística".

En 2013, el concejal de Urbanismo (Domingo Tomás Ramos Díaz) dictó "únicamente" cuatro decretos de incoación de expedientes de esta índole "quedando al menos 45 reclamaciones sin incoar". En el ejercicio de 2014, fueron seis quedando otras 45 reclamaciones no incoadas. Durante el año 2015 la cifra de expedientes iniciados por Urbanismo (en este ejercicio ejercieron el cargo los dos investigados) subieron a nueve, aumentando a 47 las reclamaciones que no fueron objeto de expediente.

Según el informe que aportó el secretario del Ayuntamiento de Candelaria, documento en el que se especifica que hasta el 11 de agosto de 2016 (fecha de su elaboración), el concejal de Urbanismo, Fernando Alduán, había dictado 16 decretos de incoación, "aportándose una lista de otros 19 cuya existencia consta al secretario y que no han sido tramitados".

La Fiscalía llega a advertir en su denuncia que "el número de expedientes no atendidos en el referido periodo (2013-agosto de 2016) debe ser superior", entendiendo que pudiera haber otras denuncias no conocidas por el secretario municipal.

El fiscal pide al juez que incoe las diligencias previas correspondientes y que, entre las diligencias a practicar, también reclame el Ayuntamiento de Candelaria "un listado de las posibles infracciones que hayan prescrito en ese periodo durante su tramitación, o provocadas por la ausencia de tal tramitación", y de todas aquellas que estén tramitando en la actualidad que tengan seis meses o más de inactividad.

Asimismo, la Fiscalía quiere que se tome declaración a los funcionarios encargados de tramitar tales procedimientos.