Sí se Puede (SsP) denuncia que la alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, se negó a identificar ante el Pleno municipal al responsable de la demolición de los adosados de La Escalona, declarados ilegales en 2008 y para los que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 da un último plazo de derribo, que expirará el 5 de febrero.
La actitud de la alcaldesa "es un comportamiento censurable que revela el poco interés que tiene por cumplir con unos mínimos requisitos de transparencia", asegura el portavoz ecosocialista, José Luis Fumero, para quien Agustina Beltrán despreció los procedimientos democráticos al manifestar literalmente: "Usted no tiene por qué saber quién es".
La información solicitada por el edil de SsP la reclamó, el 5 de diciembre, el propio juzgado en una comunicación a través de la que dio 10 días de plazo al consistorio para responder al requerimiento, en el que advirtió de que, en caso de no hacerlo, se impondrían multas coercitivas al responsable por valor de 1.000 euros cada 20 días. Al tiempo, el juzgado comunicó al gobierno local que tenía dos meses para demoler lo edificado ilegalmente.
Fumero exigió que se incluyan los costes de la demolición en el presupuesto de 2018, "para que después no recurran a las mismas maniobras que han estado usando hasta ahora con la intención de retrasar el derribo".
En 2008, el juzgado declaró ilegal la construcción de 76 chalés pareados en el Camino Real de La Escalona, debido a que el proyecto está fuera de ordenación y edificado sobre suelo rústico potencialmente productivo. En 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obligaba a ejecutar la demolición, que, al no haberse materializado, reiteró en diciembre de 2017.