La voz de alarma la hizo sonar el CCN. Anatael Alayón Hernández, uno de sus concejales, denunció públicamente la existencia de unas obras en la mareta natural situada en el litoral de Amarilla, en lo que "supone un evidente riesgo para la conservación y mantenimiento de este patrimonio natural y ecológico, parcialmente ubicado dentro del Catálogo de Hábitats Naturales de Interés Comunitario de la Unión Europea del año 2016". El colectivo ecologista Tabona puso el hecho en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

Desde el gobierno municipal de San Miguel de Abona, que promueve esta actuación, se explicó que las obras cuentan con la autorización del Servicio Periférico de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Las mismas están motivadas "por la preocupación y responsabilidad de mantener el entorno natural en óptimas condiciones ambientales".

El gobierno que preside Arturo González afirmó que "las labores que se están realizando en el charco (o mareta) se corresponden con tareas de limpieza y mantenimiento" ante la turbidez, suciedad, color y olor que se despedía del agua allí semiestancada, "lo que hizo suponer que estaba en las condiciones de salubridad". Corroborada tal circunstancia "a través de los estudios de caracterización del entorno y los ensayos realizados, "se trata de restablecer las condiciones hidráulicas naturales de la mareta o charco de pleamar recuperando el canal de entrada y salida del agua". Ese cauce quedó interrumpido por una barrera creada "por algún temporal".

El CCN no solo critica "la absoluta falta de información" sobre esta actuación, que repercute en un lugar tan singular de la costa sanmiguelera, y se muestra sorprendido por que ocurra "cuando hace casi un año se viene realizando la revisión del Plan de Modernización de Costa San Miguel", sino que exige "las medidas oportunas referentes a colocar una adecuada señalización y aplicando medidas de seguridad en la zona". En esa línea, el concejal Anatael Alayón pide al grupo de gobierno que paralice las obras hasta que se cumplan las condiciones de seguridad demandadas.