El Pleno escribió ayer el enésimo capítulo de Bajo la Cuesta. Ahora parece que será hoy cuando comience la estabilización de la parte del talud propiedad de Endesa que está en suelo de dominio público. La empresa y el ayuntamiento firman esta mañana el acta de replanteo. Es la última oportunidad para hacer esta parte de la obra porque no se puede conceder ninguna prórroga más para ello, según anunció el secretario de la Corporación, el mismo que afirmó que "jurídicamente, el plazo actual no ha sido formalmente prorrogado", por lo que entiende que expiró el día 4.
Pero hay riesgo de que "la obra pueda retrasarse porque el material viene de Italia", vaticinó la portavoz de Sí se Puede (SSP), Mayca Coello. "Más plazos incumplidos y mientras, aquí pasa de todo y pasan de todos", espetó José Fernando Gómez (VxC). El concejal de Urbanismo, Alduán, se mostró cauto y recordó que el 1 de marzo debe estar concluida la actuación.
A partir de ahí, se abre la posibilidad de que una docena de familias desalojadas de sus viviendas hace 490 días puedan retornar a ellas, siempre que las autoridades municipales aclaren quién debe certificar la autorización.
La sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Candelaria celebrada ayer sirvió para despedir a la única Defensora del Ciudadano de Canarias, Elena Peraza, quien presentó la memoria del año pasado. Una decena de años de trabajo que recibieron elogios, pero ella dejó claro que la merma del interés vecinal por este servicio se debe a "la escasa confianza del ciudadano en instituciones sin capacidad ejecutiva". La continuidad de este servicio está muy condicionado.
Las irregularidades en la obra del ARRU Antón Guanche y la no devolución de 300.000 euros por el Ctcan, ambos en base a informes del secretario municipal, caldearon el debate en el capítulo de ruegos y preguntas. Pero todo se quedó en eso, por ahora. Lo próximo será la Fiscalía.
Una moción de PSOE, SSP y CC en apoyo de la huelga de mujeres del 8 de marzo dejó solo al Partido Popular, que se abstuvo.