Hoy concluye la suspensión cautelar del cierre del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar, medida dictada por nueve meses el 13 de junio pasado por el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife. En este periodo, las administraciones debían elaborar un censo de vertidos de cada empresa y núcleo de población en el primer mes (se emplearon casi siete), para luego controlarlos y obligar a pretratar sus vertidos a las empresas y núcleos urbanos que contaminen con sustancias peligrosas y sustancias prioritarias (...), con la potestad de cierre de los concretos desagües de vertidos individuales de empresas o núcleos urbanos que incumplan".

La realidad la refleja el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Candelaria (municipio que dio origen a la decisión judicial al solicitar el cierre del emisario), Fernando Alduán, quien considera que su consistorio ha cumplido con el requerimiento del juez porque realizó el censo, "incluyendo uno administrativo de las empresas existentes en el Polígono en el término municipal de Candelaria", llevaron a cabo cinco analíticas en cada una de las empresas que vierten al emisario y actualmente analiza las alegaciones de aquellas que incumplen con la normativa.

Alduán recordó que los tres ayuntamientos rehabilitaron la cabecera del emisario instalando un caudalímetro, reformaron el sistema eléctrico e incorporaron un sistema de desbaste grueso, con 55.000 euros de inversión por municipio.

Pero para disponer de la legalización del emisario submarino se precia una Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (Edari), obra que el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), cuyo proyecto está en licitación pero no será realidad hasta 2019.