El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) publicó ayer un comunicado en el que denuncia que en los principales núcleos turísticos del sur tinerfeño se ha producido una "avalancha" de actividades ilegales y "solo se controla" a los comercios legales.
La entidad exige que, ante esa situación, se hagan cambios en las normas, como que la Policía autonómica se reconvierta en turística y se especialice, entre otros cometidos, en vigilar y fiscalizar ese tipo de actividades.
A juicio del CETS, la actuación de los ayuntamientos para acabar con la venta callejera y otras actividades irregulares es "claramente insuficiente". Muchos de sus integrantes alertan del crecimiento de estas irregularidades "al ritmo que lo hace la población y la llegada de turistas".
Según subraya, la venta de falsificaciones, el fraude en la contratación de viviendas vacacionales o infracciones administrativas como la venta de frutas, las trenzas o los masajes no autorizados en las playas y otros espacios son un problema cada vez más grave para los municipios turísticos.
En este sentido, recalcan la "presión comercial" que ejercen estas actividades ilegales a la hora de captar clientes en la vía pública para los comercios legales, algo que ya conciben como "insostenible". Una situación que deja escenas tan poco edificantes para la imagen turística como vendedores ambulantes que paran a los viandantes "llegando, en ocasiones, a gritarles, dándose la circunstancia de que, en las playas, despiertan a los usuarios que descansan y disfrutan de nuestro litoral".
Además, esto se agrava con "la falta de control y la baja calidad de los servicios que se prestan, sin garantía legal o sanitaria de ningún tipo, con lo que están desprestigiando al sur de la Isla como destino turístico de calidad".