La alcaldesa de Vilaflor, Agustina Beltrán, trasladará al Pleno una propuesta de declaración institucional "sobre el deber de respeto a los derechos de los empleados públicos en el ejercicio legítimo de sus funciones". La medida cuenta ya con el respaldo del gobierno local, formado por PSOE y CC, estando a la espera de conocer el pronunciamiento de Sí se Puede (SSP), única formación en la oposición y la más votada.
En la iniciativa se expone que la trabajadora social municipal "sufrió, por parte de un ciudadano de este municipio, graves insultos y amenazas, incluso de muerte, faltando al más elemental deber de respeto, no solo en su condición de empleada pública, sino a título personal". Este tipo de conductas, "que atenta contra el más elemental principio de derecho, debe ser erradicada y castigada con ejemplaridad, como así ha sido por el juzgado correspondiente", ya que el aludido fue condenado.
La propuesta de la alcaldesa alude a que el respeto a los Derechos Humanos en cualquier lugar, tiempo y contexto "es fundamental para sentar las bases de un mundo libre, justo y pacífico. Todos tenemos la responsabilidad de conocer nuestros derechos, libertades y límites y es obligación de los gobiernos y de las personas dar a conocer estos derechos y vigilar su cumplimiento".
En la iniciativa se hace un llamamiento a los grupos políticos municipales para acordar, de forma conjunta, "condenar el acto de amenazas formuladas por el ciudadano A.F.G. contra la trabajadora social de este ayuntamiento, respecto de cuya conducta fue dictada la oportuna sentencia condenatoria".
Además, que cada grupo político asuma el compromiso "de hacer valer los valores y derechos que son inviolables e inherentes a la persona y, en particular, la condena explícita del trato vejatorio y amenazante a las mujeres". Finalmente, el Pleno debe acordar su apoyo y solidaridad a la trabajadora social y "adoptar las medidas preventivas que sean necesarias".