La Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial Valle de Güímar (Polgüímar) solicitó al juez una prórroga de la suspensión cautelar de la "medida provisionalísima" del cierre del emisario submarino, de forma que el plazo de nueve meses concedidos el 13 de junio de 2017 se incremente hasta que concluyan las obras necesarias para evitar los vertidos ilegales y hasta que se disponga de las autorizaciones que legalicen los mismos.

Ayer, el juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Jorge Riestra Sierra, celebró una vistilla con el objeto de que el solicitante de la prórroga y denunciante, Polgüímar, documentara la necesidad de tal prórroga, asunto en el que profundizaron tanto la representación de los empresarios del complejo industrial como del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) y del Ayuntamiento de Candelaria.

Cabe recordar que el citado 13 de junio fue cuando el juez emitió un auto otorgando nueve meses de plazo a las administraciones para realizar un censo de vertidos de cada empresa y pueblos situados en el ámbito del Polígono, el control de los mismos y para obligar a las industrias a pretratar sus vertidos y sustancias prioritarias. En el mismo auto, otorgó la potestad a los municipios de cerrar los desagües de vertidos individuales que incumplan las Directivas europeas.

Progüímar dio origen a este procedimiento ordinario (192/2017) al presentar un recurso contencioso-administrativo, el 31 de mayo de 2017, contra el decreto de la Alcaldía de Candelaria 1378/2017 por el que, el 22 de mayo del año pasado, decidió el cierre temporal del emisario submarino sito en el Polígono, pero copropiedad de los tres ayuntamientos.

El Polígono Industrial vierte directamente al mar sin depurar las aguas residuales industriales y urbanas, careciendo de autorización medioambiental preceptiva y de la concesión para ocupar con el emisario submarino el dominio marítimo terrestre. Tanto la autorización como la concesión se dejaron caducar en 2011, aseguró el juez hace casi un año. Todas las partes esperan ahora a su próxima decisión sobre la prórroga o el cierre del emisario, que conllevaría el de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo.