El auto del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arona que ordenó el día 12 el sobreseimiento y archivo de la causa penal abierta por el derrumbe del edificio Julián José, en Los Cristianos, trata de responder a una pregunta que dos años y casi cuatro meses después de la tragedia aún no tiene una respuesta exacta. ¿Por qué se derrumbó el edificio Julián José? Pues ni siquiera los peritos y expertos se atreven a dar una causa concreta y, como la propia jueza que archivó la vía penal, prefieren hablar de varias causas relacionadas.

El arquitecto del Ayuntamiento de Arona Damián Hernández considera, según consta en el citado auto, "la existencia de un cúmulo de causas del derrumbe, tales como decisiones del proyecto que con el tiempo se han vuelto fatales; fatiga de materiales por pérdida de resistencia; falta de mantenimiento o mantenimiento inadecuado, y, sobre todo, las sucesivas reformas". Y concluye que "las obras adyacentes pudieron acelerar el proceso de derrumbe, pero si el edificio hubiera estado bien construido desde su inicio, esas obras no habrían repercutido en la estructura".

El Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (Intemac) concluye que la causa del hundimiento se debió, fundamentalmente, a una "muy mala calidad del hormigón de los pilares", y que el desencadenante podría haber sido cualquier redistribución en las tabiquerías interiores del inmueble, pero "sin descartar que hayan podido colaborar otros aspectos tales como la ejecución poco cuidada de la estructura, una tipología estructural inadecuada o las sobresolicitaciones existentes en la estructura como consecuencia de los espesores de pavimentos, o incluso la disposición de una vivienda en la cubierta".

Para el Intemac, "se trataría, en todo caso, de efectos colaborantes que, en ausencia de un defecto de hormigón, no habrían tenido trascendencia, aunque sí pone de manifiesto la deficiente calidad general de la construcción".

El informe sobre las causas del desplome elaborado por el arquitecto municipal del área de Urbanismo de Arona señala, como prediagnóstico de la tragedia, "la fatiga de los materiales, la falta de mantenimiento o el mantenimiento inadecuado y las decisiones en el diseño del edificio que no contribuyeron a una respuesta solidaria de su estructura".

El informe del arquitecto técnico Marcos Olavarrieta fue encargado por Banesto en 2005, una vez que la comunidad se quejó de la existencia de fisuras tras las obras acometidas en el local. En ese informe señaló que apreció fisuras en todas las plantas, "que datan de fechas antiguas a pesar de haber sido reparadas en varias ocasiones". En ese momento se apreció "una ejecución probablemente deficiente que se agravó con el paso del tiempo y el envejecimiento provocado por las condiciones agresivas para la estructura de la atmósfera que la rodea".

Además, añadió que existían "lesiones de carácter grave en algunos elementos estructurales de primer orden, como son dos pilares que estaban sufriendo oxidación de su estructura metálica, observándose que el hormigón de esos pilares se descomponía con la simple acción manual, señalando que la causa primera de estas graves lesiones son la baja compacidad del hormigón, lo que ha provocado que la acción agresiva del clima este dañando sus estructuras metálicas y su capacidad portante", señales que daba el edificio en 2005, once años antes de la tragedia.

Olavarrieta indica que los problemas encontrados "obedecen a causas internas de su estructura como consecuencia de la baja capacidad y compacidad de los hormigones empleados, de los agentes agresivos a los que han estado sometidos y de la baja calidad de los materiales empleados, así como, probablemente, su deficiente puesta en obra, por lo que no es posible achacar las lesiones que se han producido a causas externas, por ejemplo las obras llevadas a cabo por Banesto".

A la jueza le parece "reprochable", aunque no suficiente para achacar una responsabilidad penal, que Banesto "tuviera conocimiento del estado alarmante del edificio -a través del informe de Olavarrieta- y no lo pusiera en conocimiento de la comunidad de propietarios o, si lo puso, no lo haya acreditado documentalmente".

El informe del arquitecto técnico Carlos Andrés Ruiz también habla de una concurrencia de causas. Para empezar señala que el edificio se proyectó con un diseño "desafortunado". "Los pórticos no se encontraban atados entre sí", hecho que ya puso de manifiesto en un informe de 2004 que le solicitó la comunidad, donde señala que "la causa principal de la patología detectada en aquel momento (grietas) tiene su origen en la eliminación total de los cerramientos de fachada en planta baja, que junto con el diseño asimétrico de la estructura han provocado la flexión de las vigas con la consiguiente transmisión de las tensiones a los forjados, zunchos y vigas interiores".

La jueza concluye que "lo que parece que casi todos los profesionales del sector están de acuerdo es en que el edificio presentaba un problema de origen derivado de la mala calidad de los materiales, así como de la ubicación cerca del mar, lo que contribuyó al deterioro de la estructura. Los pilares estaban debilitados y el hormigón en estado de desintegración". Añade que "consta en la documentación del edificio que estaba previsto para tener una altura, unos pisos y viviendas concretas y que, tras la edificación, se acrecentó el peso del inmueble con la construcción de un ático, que generó mayor peso a soportar por parte de las vigas debilitadas de la primera planta, de ahí la aparición de las fisuras horizontales en el primer tramo".

Según el auto, "no ha quedado acreditado cuándo se hizo el ático, si fue antes o después del 2002, ni quién lo ejecutó, pero puede considerarse que el edificio estaba configurado para soportar un peso y, al añadirse una vivienda más, eso contribuyó a debilitar la parte inferior. Además la colocación de la caja fuerte (de Banesto) cerca de la zona del inicio del colapso puede que hubiera generado un mayor esfuerzo de esas vigas por sostener el resto del techo del local".