La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, se mostró rotunda ayer al manifestar que "Güímar no utilizará dinero público para pagar algo que no es nuestra responsabilidad. Este ayuntamiento no pagará ninguna multa porque no le corresponde, porque no es su competencia".

Explicó que el gobierno del Cabildo le dejó claro, en 2015, que "el Plan Hidrológico que se iba a aprobar entonces establecía la construcción de una depuradora comarcal donde la están edificando ahora" y que "los ayuntamientos no tenemos esa competencia, y así lo recoge el Plan Hidrológico".

Castro responde así al anuncio del consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, de que el Valle de Güímar tendrá que pagar una multa de 900.000 euros más otros 800.000 euros semestralmente (hasta que solucione el problema) por incumplir la normativa europea en saneamiento y depuración, sanción impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España.

La alcaldesa de Güímar recuerda que hace tres años "propuse al Cabildo y rechazaron, con ese argumento de que es una competencia supramunicipal, un proyecto de central geotérmica de la empresa eslovaca Arllen Development que incluía una depuradora comarcal, esa que ahora están construyendo".

El enfado de Castro sube de tono cuando asegura que "estoy harta, harta de que las administraciones supramunicipales no asuman sus responsabilidades y sus competencias y, cuando tienen problemas, se los atribuyan al ayuntamiento". Admitiendo que la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local determina que la competencia en materia de saneamiento y depuración corresponde a los ayuntamientos, recordó que Gobierno canario y Cabildo asumieron estas competencias desde la década de los 90 del siglo pasado, a través de sus convenios con el Estado.

La regidora introduce el matiz de que la actuación en materia de depuración en el Valle de Güímar es comarcal, por lo que considera que se justifica más que la competencia es supramunicipal.

Desde la Alcaldía de Arafo se optó por anunciar que asistirán a las reuniones a las que sean convocados por el Consejo Insular de Aguas (CIATF) para abordar este asunto, mientras que el gobierno local de Candelaria está "en el proceso de remisión de la documentación requerida por el Gobierno de Canarias y dando los pasos necesarios para finalizar, cuanto antes, el Plan de Etapas, que culminará con la puesta en funcionamiento de la depuradora industrial en el Valle de Güímar".

Ante la crítica del consejero por su ausencia de reuniones convocadas por el CIATF, Carmen Luisa Castro aclaró que "a mí no me han convocado para hablar del pago de una multa".