La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, comienza las obras de sellado y clausura del vertedero de Las Rosas, en Güímar. Se trata de un proyecto cuyo inicio se encontraba paralizado a la espera de la sentencia firme al estar los terrenos afectados por el proceso judicial referido a las canteras de extracción de áridos en la zona de los barrancos del municipio.

La viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, junto a la directora general de Protección de la Naturaleza, Susa Armas, supervisó el inicio de esta actuación, que se llevará a cabo mediante una encomienda a la empresa pública Tragsa, con un presupuesto de 1,8 millones de euros, cofinanciado con fondos procedentes del Programa Operativo Regional (Feder) 2014-2020.

Los trabajos, con un plazo de ejecución previsto de siete meses, consistirán en la retirada de todos los residuos que sean susceptibles de ser reciclados para evitar que continúen contaminando el entorno. Posteriormente, se acondicionará el terreno y se procederá a la plantación de especies autóctonas.

Blanca Pérez destacó que esta actuación se suma al Plan de Restauración y Sellado de antiguos vertederos municipales de residuos sólidos urbanos que puso en marcha la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad en 2015 y que se completó el pasado mes de diciembre, evitando así una sanción de la Unión Europea (UE).

"La consejería ha realizado un importante esfuerzo presupuestario para restaurar los paisajes de las Islas y recuperar todos aquellos espacios que, por una u otra causa, hayan resultado dañados", apuntó la viceconsejera. Al tiempo, la viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, anunció que se están intensificando las labores de control para garantizar el cumplimiento de las normas que protegen el territorio, "con el objetivo de minimizar la afección que se pueda ocasionar sobre los hábitats naturales".

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial emitió una diligencia el martes pasado en la que advierte a los empresarios condenados por la extracción de áridos en los barrancos de Güímar, de la obligación de cumplir la sentencia por la que deben restablecer la zona afectada por dicha actividad industrial. Lo hace después de que el Tribunal Supremo (TS) desestimara el recurso de queja interpuesto por Antonio Plasencia y José Enrique Morrales contra el auto, de la propia Audiencia, que les prorrogó un año la suspensión de las penas privativas de libertad y les impuso la obligación del afianzamiento de las responsabilidades civiles (fianza) para evitar la entrada en prisión.

En la Diligencia, la Audiencia Provincial apunta al empresario Pedro Sicilia, señalando con rotundidad que, "al margen de su situación económica actual", está obligado a cumplir "estrictamente" la sentencia y a "hacerlo de forma perentoria, con el apercibimiento de que, si no lo hace, se le podrá revocar la suspensión de la pena privativa de libertad y, por tanto, ingresar en prisión".

En el caso de Antonio Plasencia, se une a la causa el CD con su proyecto para restaurar el equilibrio ecológico en la cantera Badajoz, recordándole que "el fin último es que físicamente se restaure el equilibrio ecológico perturbado en dicha cantera por la extracción de áridos, situación que no se ha producido todavía en el día de hoy".