Un inspector jefe del grupo de la Brigada Económica de la Policía Nacional afirmó hoy que el interventor en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dijo inicialmente que había sufrido presiones para informar a favor de la compraventa de Las Teresitas, pero luego adoptó una estrategia de defensa.
Esta consideración la realizó el encargado del grupo que lucha contra la corrupción en la Policía Nacional, que está adscrito a la Fiscalía, en la sesión celebrada hoy en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife del juicio por el caso de Las Teresitas, y en la que el inspector dijo que se realizaron pesquisas para esclarecer lo sucedido en la compraventa del frente de la playa.
Estas pesquisas se iniciaron al acceder a determinadas informaciones que apuntaban a la posibilidad de que se hubiesen cometido presuntamente algunos delitos y se realizaron varias entrevistas con un técnico que comentó que había sido presionado para informar a favor de la compraventa.
A raíz de las preguntas de los letrados de la defensa el testigo señaló que este técnico era el entonces interventor municipal Antonio Messía de Yrala, que actualmente ostenta dicho cargo en el Cabildo de Tenerife.
Según el testimonio policial las primeras entrevistas con Messía fueron conversaciones "distendidas" en las que el interventor dijo que sabía de la existencia de un informe elaborado por Pía Oramas pero que él no había visto, pues a él sólo le dieron otras tres tasaciones.
Al parecer la Policía Nacional ofreció a Messía la posibilidad de comparecer como testigo protegido pero a la tercera entrevista que tuvieron los agentes con él adoptó "una estrategia de defensa" y cuando se le hablaba de las presiones supuestamente recibidas, "no decía un no rotundo" sino que "generaba dudas", como tampoco negaba que hubiese sido amenazado.
En todo caso remitía a sus superiores jerárquicos y adoptó una estrategia de "no negación", dijo el inspector de Policía, quien respondió que el interventor está en su derecho a decir lo que considere oportuno cuando un abogado de la defensa le planteó que Messía, en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aseveró que jamás recibió presiones ni instrucciones de ningún tipo en este caso.
Previamente Dámaso Arteaga, concejal de Fiestas y Personal por CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el mandato 1999-2003, afirmó que "había un clamor en la sociedad chicharrera para que no se construyera" en la playa de las Teresitas y subrayó que la cuantificación de la compraventa del frente venía acreditada y respaldada técnicamente.
Dámaso Arteaga, que actualmente es edil de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, concretó a petición de los letrados que se refería al técnico municipal Javier López de Vergara y detalló que él personalmente, como miembro del consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo, votó a favor de la compra por 8.750 millones de pesetas por entender que esta cuantificación, al venir avalada técnicamente, era la correcta.
"No soy quién para discutir una cuantía euro arriba, euro abajo, ya que se trataba de una propuesta cerrada", aseveró el concejal nacionalista, quien insistió en que cuando se adopta la decisión de ratificar el convenio para la compraventa "se comenta y se explica que la valoración definitiva viene avalada por los técnicos municipales".
Asimismo el también concejal de CC en el mismo mandato Jeremías Rivero dijo que a las reuniones de la junta de compensación asistían el alcalde, Miguel Zerolo, el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, los ediles Emilio Fresco (PSC) y José Emilio García Gómez (PP) y también los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González al menos en una ocasión, en enero de 2001, y que dichas reuniones "para nada" eran un secreto.
También negó que en momento alguno se pusiese de manifiesto que el expediente que se iba a aprobar estuviese revestido de alguna ilegalidad o que los terrenos que se iban a comprar ya eran propiedad del Ayuntamiento, y en cuanto a la justificación del precio que se iba a abonar, el entonces edil manifestó que "no lo pregunté".
La sesión del juicio se inició con la exconcejal por el grupo Socialista Ana Patricia Cruz, quien aseveró que no tenía por qué desconfiar de los informes técnicos, en los que no había reparos a la citada operación "que yo recuerde" y aseguró que "los temas urbanísticos me sobrepasaban en aquel momento y me siguen sobrepasando hoy".
Agregó que fue el entonces portavoz de su grupo, Emilio Fresco, quien explicó al resto de ediles y miembros de la asamblea local del PSC el contenido de la propuesta de compraventa "y no hubo discrepancias", y apuntó que la posterior expulsión del partido de los ediles implicados en esta cuestión fue "totalmente antirreglamentaria y se utilizó esto de excusa".
Asimismo en la sesión se renunció a la declaración como testigo del técnico de Hacienda Manuel Souto, quien en su momento calificó la operación de Las Teresitas como "un pelotazo de libro", tras entender los abogados de los acusados que se trataba de una prueba pericial encubierta por parte de la Fiscalía.
Tras deliberar unos instantes el tribunal decidió que tomase declaración a Souto pero sin entrar en cuestiones jurídicas, por lo que la fiscal decidió renunciar a su testimonio.
Finalmente el juez Joaquín Astor anunció que se deberá readaptar el calendario de sesiones previsto, que "difícilmente" terminará antes del 21 de diciembre, ya que no habrá juicio en las semanas del 14 al 18 de noviembre, del 21 al 25 y los días 28 y 29 del mismo mes al coincidir la celebración de otro juicio con jurado.