La idea del Campus de la Justicia en El Sobradillo se debe a intereses urbanísticos, no al interés general de los ciudadanos. Así de claro lo afirmó ayer el presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Astor Landete, que invitó a los periodistas a indagar para conocer las verdaderas razones por las que el Gobierno canario y el Ayuntamiento de Santa Cruz quieren levantar el edificio centralizado de los futuros juzgados en dicho barrio del Suroeste, en vez de en el área administrativa de la capital; o bien si hay intereses privados por la zona. Y la fiscal jefe, Carmen Almendral, recordó que el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de 2013 recoge en su memoria que la sede actual y futura de los órganos judiciales debe estar en Cabo Llanos.

Con firmeza y unanimidad se presentó ayer la Plataforma Pro Edificio Judicial en Cabo Llanos, integrada por jueces, magistrados, fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios. El juez decano, Juan Luis Lorenzo, manifestó que, si puede hacerse en un único edificio, mejor. Pero sugirió que puede mantenerse el actual Palacio de Justicia y construir las nuevas instalaciones justo en la parcela de enfrente, donde ahora está la terraza Isla de Mar, cuya calificación actual es de uso hotelero. Ambos inmuebles estarían separados por unos 30 metros. Para los operadores jurídicos, esta es la mejor opción para que ciudadanos, funcionarios y profesionales acudan a los juzgados en menos tiempo y con menos dinero, por la proximidad del intercambiador de guaguas, el tranvía, las futuras estaciones de tren del Sur y del Norte, así como de las administraciones públicas, colegios profesionales, notarías, registros, despachos de abogados y procuradores. Landete apuntó que construir en Cabo Llanos saldrá más barato que en El Sobradillo, porque ya están hechas parte de las instalaciones. Y sobre los obstáculos "urbanísticos", dijo que son similares a los de El Sobradillo. Y Lorenzo matizó que hay instrumentos sencillos para resolverlos, que ya se han usado para temas menos importantes. Uno es el artículo 47 en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, por el que el Consejo de Gobierno está facultado para suspender cualquier instrumento de ordenación. Landete afirmó que la Consejería de Justicia se equivoca de lugar para emplazar los nuevos juzgados. La premisa de la falta de grandes parcelas es falsa, según Joaquín Astor, puesto que en Las Palmas la Ciudad de la Justicia se hizo sobre 12.000 metros cuadrados y con unas necesidades de órganos judiciales mucho mayores que en Santa Cruz de Tenerife. Es decir, la Plataforma cree que no hacen falta 22.000 metros cuadrados, sino que los 3.000 actuales y los 7.400 de la otra parcela son suficientes. Y se aclaró que el Plan de El Sobradillo está suspendido y por ahora no se puede edificar.

El consejero de Justicia de Canarias, José Miguel Barragán, recordó ayer que la competencia para comprar y gestionar suelo y decidir el tipo de infraestructura a construir corresponde al Ejecutivo autónomo "con arreglo al interés general". Barragán dijo que "no podemos permitir que los operadores jurídicos secuestren la decisión sobre la ubicación de la Ciudad de la Justicia, (...) ni que pongan en cuestión la legitimidad de la Administración para actuar". Para el consejero, la opción de El Sobradillo permitirá concentrar en una única sede las oficinas, servicios y dependencias comunes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Audiencia Provincial, juzgados, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, así como 675 plazas de aparcamiento para el personal y otras 700 plazas para el público. Barragán cifra las necesidades de espacio de la futura sede en unos 63.480 metros cuadrados en superficie y otros 65.850 en sótanos, por lo que "resulta inviable en las parcelas cercanas a la sede de Tres de Mayo". Reconoció que la parcela de El Sobradillo tiene la consideración de ámbito suspendido y en ella no se puede edificar ahora mismo. Pero aclaró que la Gerencia de Urbanismo y el Pleno del Ayuntamiento ya han levantado dicha suspensión y remitieron a la Cotmac documentos para resolver ese trámite previsiblemente en dos meses.