En los doce informes elaborados sobre el estado del agua por los vertidos ilegales al mar a través del emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar, las analíticas reflejan que "los indicadores de contaminación orgánica multiplican por 30 los valores legalmente admitidos", los sólidos en suspensión se multiplican por 13, mientras que el fósforo lo hace por 4, el cobre llega a serlo por nueve, el plomo se quintuplica y el cinc septuplica lo permitido. "Los parámetros son para asustarse y tomar medias de forma inmediata".
Así consta en la denuncia que presentó ayer la Izquierda Alternativa en el Valle de Güímar (IUC y Sí se Puede) ante la Fiscalía por un presunto delito medioambiental, consistente en vertidos de agua sin tratar al mar procedentes del Polígono Industrial Valle de Güímar a través de un emisario submarino, sin autorización y careciendo de la concesión para la ocupación del espacio marítimo-terrestre.
La denuncia está dirigida contra el Consejo Insular de Aguas (Ciatf), "porque le corresponde la depuración de las aguas residuales del Polígono al ser una instalación supramunicipal"; contra el Cabildo, "porque es entidad promotora y responsable de la gestión y conservación del Polígono", y los ayuntamientos de Candelaria, Arafo y Güímar "porque no velaron por la seguridad de sus habitantes al permitir este vertido continuado e ilegal".
IUC y SsP dirigen su denuncia también hacia la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) y, especialmente, contra la Asociación Mixta de Compensación "como el ente con mayor responsabilidad en este asunto por ser el que permitió que caducaran los permisos y porque no comunicó la falta de autorización para verter a los ayuntamientos cuando fue cedido el Polígono".
Agustín Espinosa y Lourdes Galindo, concejales de SsP en Candelaria y Güímar, respectivamente, y Francis Hernández, aseguraron que en el Polígono Industrial del Sureste hay otros tres puntos por los que se producen vertidos incontrolados. Además de asegurar que están "muy preocupados" por el futuro de los 2.000 empleos que generan las industrias instaladas en este enclave -"trabajos que no estamos poniendo en riesgo nosotros", aclararon-, incidieron en que "hay informes que avalan el cierre inmediato del emisario".
"La solución no es la denuncia, sino que se tomen medidas contra la contaminación", pero durante más de 30 años "todo el mundo ha mirado para otro lado. Nadie ha hecho nada", concluyeron.
Güímar pone condiciones al Consejo Insular de Aguas
Por unanimidad, el Pleno de Güímar aprobó el convenio con el Consejo Insular de Aguas para que este asuma la elaboración del proyecto de legalización del emisario submarino, así como la declaración de interés supramunicipal del mismo. Lo hizo pero con dos enmiendas. La primera, que determine el plazo para la elaboración de la documentación técnica precisa y la segunda, que conste quién hace y quién paga la adecuación y adaptación de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (Etari), imprescindible para cumplir con la legislación.
"La única medida que ha tomado este gobierno ha sido pintar una raya azul. Una machangada", según Ruymán Expósito (SsP). "Este es el resultado del trabajo que ha realizado este gobierno", según Francisco del Rosario, edil de Urbanismo.
El Ciatf se reitera en la colaboración
El Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), dependiente del Cabildo, reitera su colaboración con los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar para resolver los vertidos al mar que emite el Polígono Industrial, "cuya ilegalidad compromete la continuidad de las empresas que allí se alojan". Recuerda el Ciatf que solo Candelaria no ha aceptado aún esa colaboración.
Apoyo, sí, pero no la responsabilidad
Desde el Consejo Insular de Aguas se destaca que "con la firma de este convenio, el Ciatf presta apoyo a los municipios, pero no asume la responsabilidad de los ayuntamientos, los cuales siguen siendo copropietarios de la instalación y responsables de los vertidos al mar". Este órgano recuerda que Santa Cruz de Tenerife padeció una situación similar resuelta "gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el que se estableció un plan de etapas, cuya primera parte finalizó recientemente con la inauguración de una estación de microtamizado que mejora sensiblemente la calidad de los vertidos residuales al mar".
El juzgado paraliza el cierre del emisario
El Juzgado número 4 de Güímar paralizó el decreto de cierre del emisario submarino emitido por el Ayuntamiento de Arafo "como medida preventiva", explicó al Pleno de Güímar la secretaria. Cabe recordar que la Viceconsejería de Medio Ambiente autorizó esto vertidos "ilegales" desde 1988 hasta el 22 de mayo de 2011. Dos días antes, la Asociación Mixta pidió la renovación de la autorización, pero la Viceconsejería la negó el 12 de octubre de 2015, habiendo pasado el Polígono a manos municipales el 23 de julio de 2013. El control del vertido nunca existió.