"Del análisis realizado se desprende que el impacto del traslado de los órganos judiciales a El Sobradillo puede ser asumido por el viario, ya que si bien algunos tramos se verán más cargados, otros verán su tráfico disminuido". Esta es una de las conclusiones del informe realizado por el servicio técnico de Movilidad y Desarrollo de Proyectos Estratégicos del Cabildo de Tenerife sobre el impacto que tendría sobre el tráfico la construcción de la futura Ciudad de la Justicia en el distrito Suroeste de Santa Cruz.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, trata de responder las cuestiones planteadas tanto por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia como por la Ponencia designada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

A pesar de la conclusión citada, el informe reconoce que habría que hacer mejoras en el enlace de El Sobradillo en la TF-2, pues con su actual configuración no podría absorber los tráficos con que se vería demandado. De la viabilidad, plazos y estimación de presupuestos para tales obras deberá responsabilizarse, en todo caso, el Gobierno canario, titular de la vía.

El estudio sí hace hincapié en otro aspecto fundamental sobre este asunto: el transporte público. "Las mejoras al transporte público por parte de Titsa podrán incluir mejores frecuencias en las líneas que sirven la zona, así como la aparición de otras nuevas si fuera necesario", avanza el documento, que también se refiere a la línea 2 del tranvía: "Se encuentra en las cercanías de la parcela destinada a Campos de Justicia y se tiene además prevista la prolongación de la misma, lo que acercará aún más este modo de transporte al lugar".

El estudio detalla que el acceso Sur a la TF-2 sería el que más incrementado vería su tráfico. No obstante, matiza que los movimientos a realizar son siempre directos (no incluyen cesión de paso), y no presentan congestión a día de hoy.

Mientras, continúa el informe, el acceso Norte no sería tan demandado. Por este punto de entrada se produciría un 35% de los movimientos hacia El Sobradillo (un 85% por los túneles y el resto a través de la rotonda en superficie).

En relación con el número de desplazamientos previstos, los técnicos del Cabildo no se atreven a determinar un número exacto, si bien la Dirección General de Relaciones con la Justicia calcula 1.000 de servidores públicos y 3.000 entre usuarios y profesionales jurídicos.

Hasta el momento, todas la iniciativas políticas en las que se ha defendido la ubicación de Cabo Llanos frente a la de El Sobradillo han fracasado. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, CC y PP rechazaron en el pleno de abril una moción de Izquierda Unida, a la que se había sumado el resto de la oposición, en la que se pedía que se abriera un debate público sobre la futura ubicación de la sede judicial.

Un mes más tarde, y también en un pleno, se aprobó una moción de Ciudadanos, pero enmendada de tal manera que se quedó fuera del acuerdo el rechazo que esta formación mostraba a la ubicación en el Suroeste. Finalmente se aprobó la creación de una mesa de diálogo sobre este tema.

Y, fuera de consistorio, también el Pleno del Parlamento rechazó el pasado día 2, con los votos de CC y PP y las abstenciones de NC y ASG, una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista en la que se solicitaba mantener un proceso de diálogo con la comunidad judicial y facilitar las gestiones para que el futuro edificio judicial de Santa Cruz se ubique en Cabo Llanos.