Podemos ha avanzado que los tres casinos públicos del Cabildo de Tenerife darán este año 2''1 millones de euros de beneficio, a pesar de "los esfuerzos" del gobierno insular de CC-PSOE por desmantelarlos.
El consejero insular de Podemos Julio Concepción ha resaltado hoy en un comunicado que esos beneficios podrían haber sido mucho mayores si el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, cesara "la política neoliberal de recortes de plantilla y de inversión en medios materiales" para justificar su privatización.
Según Podemos, los casinos están en mínimos históricos de plantilla, "hasta el punto de que, como confirman quienes trabajan en estas instalaciones, la calidad del servicio que se está prestando a la clientela (la inmensa mayoría turistas), ha decaído de manera notable en los últimos años por falta de personal".
Concepción ha concretado que el gasto de personal en los casinos de la isla "se ha reducido en más de 2,6 millones de euros, lo que representa un 36,11 por ciento de inversión en empleo desde el año 2007 hasta la actualidad".
Además, ha alertado, el gobierno insular ha previsto para 2018 un nuevo recorte de 300.000 euros en el gasto de personal de estas empresas, con lo que el año que viene situarán la inversión laboral de casinos al nivel en el que estaba hace 17 años.
"Desde Podemos ya hemos instado a que se negocie con la representación sindical la subida salarial de la plantilla de casinos y la creación de nuevos puestos de trabajo, aunque nos hemos topado con la sinrazón del grupo de gobierno", ha aseverado.
Ha reclamado al presidente del Cabildo que pare en "su empeño en hundir casinos" y dote a estas empresas de los puestos de trabajo necesarios que demanda su nivel de actividad e ingresos para conseguir puestos de trabajo estables y bien remunerados.
Para Podemos, las empresas públicas de casinos "son una mina de empleo de calidad", que son altamente rentables con un mínimo de gestión y que, salvo que se prohíba esta industria en Tenerife, la experiencia ha demostrado que es mejor que la actividad del juego sea gestionada desde la administración pública para llevar a cabo un control de las ludopatías y evitar mafias.
"Pero lo que le duele a CC y PSOE es que esta mina esté en manos públicas, sin ningún amigote empresarial que haga negocio aún a costa de precarizar al máximo las condiciones de trabajo de la plantilla", ha criticado.