El Tribunal Supremo (TS) anuló la autorización dada en 2012 por el Ministerio de Industria a Gascan para construir una regasificadora en Granadilla de Abona, proyecto que inició una nueva tramitación en 2015 y que ahora está pendiente de ser autorizado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

La Sección Tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo emitió una sentencia, el pasado día 5, en la que anula esa primera autorización al considerar que el proceso de evaluación de impacto ambiental no estaba suficientemente completo. Al tiempo, confirma la sentencia dictada en igual sentido por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el 16 de marzo de 2015, que estimó un recurso de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla.

En una argumentación que ahora avala el Alto Tribunal, el TSJM decidió que no bastaba con examinar de manera independiente el posible impacto de esa instalación de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, sino que debió haberse estudiado si tenía algún efecto "acumulativo" con otras industrias potencialmente peligrosas existentes en esa misma zona, como la central térmica y de ciclo combinado de generación eléctrica de Endesa, situada a 400 metros.

La sentencia, que ahora se declara firme al desestimar el recurso de casación, considera que no haber realizado ese estudio de impacto con un enfoque más amplio, que tenga en cuenta el contexto que rodea al lugar donde se levantaría la planta, "desnaturaliza el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que debe ser adecuado para preservar de forma integral los intereses ecológicos concurrentes en ese lugar".

La empresa Gascan presentó el primer escrito de petición de autorización administrativa del proyecto en julio de 2000, pero el mismo sufrió retrasos por su posible impacto ambiental; en febrero de 2015, el gestor del sistema gasista, Enagás, compró la totalidad del capital social de Gascan, propietaria de dos proyectos de regasificadoras en el Archipiélago: el de Arinaga (Gran Canaria) y el de Granadilla de Abona (Tenerife).

Enagás inició, el 22 de junio de 2015, una nueva tramitación para obtener autorización para construir la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Granadilla, consiguiendo el 15 de julio de 2016 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable.

Ahora el proyecto está a la espera de que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital le otorgue la autorización administrativa.

En octubre de 2017 fue cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió un informe en el que no consideraba conveniente autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) del puerto de Granadilla, hasta que no haya garantías de su uso y estudios que comprueben su sostenibilidad económica.

A juicio de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, la autorización debería venir precedida de una actualización del documento de planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características del mercado y la viabilidad de las inversiones a realizar.

En este sentido, señaló que, dado el tiempo que ha pasado desde que se planteó el proyecto, los análisis que se hicieron sobre demanda de gas prevista, características del mercado y viabilidad económica de las inversiones se han podido quedar desfasados en relación con las necesidades y planteamientos actuales sobre la energía en las Islas Canarias.

Solo demorará la obra

El silencio oficial reinó ayer tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo. Un portavoz de Enagás expresó el "respeto" a la sentencia; el alcalde de Granadilla, José Domingo Regalado, quiere conocer la sentencia y solo desde Puertos de Tenerife indicaron que "no nos coge de sorpresa", apuntando que "en su momento se elaboró y tramitó un estudio de corrección del DIA". A su juicio, "esto solo alargará el proceso y el plazo para construir la regasificadora".

La "alegría" de Morales

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), defendió la sentencia por "la sensatez del movimiento ciudadano" que se opone a ella. Morales celebró el reconocimiento de que el estudio de impacto medioambiental de la planta de Granadilla "no recogía las medidas correctoras". Para Morales, "está clarísimo, no es una planta necesaria para estas Islas. Es absolutamente imprescindible que nos paremos a reflexionar y avancemos en un futuro renovable para esta tierra".