El director insular de Movilidad y Fomento del Cabildo de Tenerife, Miguel Becerra, pidió hoy un gran acuerdo para la movilidad sostenible en la isla en el que se impliquen ayuntamientos, centros sanitarios, centros educativos, empresas e instituciones en general para revertir el predominio del vehículo privado.

En una comparecencia en el pleno insular, Becerra defendió "una apuesta decidida por el desarrollo del transporte publico", porque de lo contrario la congestión y el colapso de las carreteras seguirá aumentando a medida que crece la recuperación económica, que se traduce en más tráfico.

La diputada del PP Ana Zurita afirmó que CC lleva 30 años en el gobierno "y no ha sabido entender qué es la movilidad", que no se trata de "una cuestión política, sino técnica", fruto del análisis de las demandas y del contexto social.

"En esta isla no hay un diagnóstico serio" sostuvo la consejera del PP, quien aseguró que "no se trata de un problema de inversión sino de planificación".

Para Zurita, "la intromisión del Cabildo" en competencias ajenas por su "glotonería" para estar en todas las fotos y la incompetencia del Gobierno de Canarias se han traducido en los grandes atascos que padecen los ciudadanos.

Se consiguen fondos del Estado y finalmente no hay proyectos, no se ponen "manos a la obra" para materializar la idea, como ocurre con el proyecto del carril bus vao.

Fernando Sabaté, portavoz de Podemos, consideró positivo que el gobierno insular apueste ahora por el transporte público, pero lamentó que no lo hiciera así desde 2015.

"Se avanza tarde pero vamos a ver si la dicha es buena", dijo Sabaté, quien subrayó que lo que defiende ahora el gobierno insular lo demandan los colectivos ecologistas y sociales desde hace más de veinte años, en los que CC ha estado siempre prestando atención a los intereses de los vendedores de automóviles más que los de las personas.

Manuel Fernando Martínez, del PSOE, aseguró que el Cabildo ha tenido que salir en auxilio de la Comunidad Autónoma porque no ha conseguido "obtener la complicidad del Gobierno de Canarias".

"El Cabildo ha hecho un gran esfuerzo que no ha sido correspondido por el Gobierno de Canarias ni por el Estado", según el consejero del PSOE.

En su intervención, Miguel Becerra expuso que los problemas de movilidad en Tenerife van más allá de la insuficiencia de la red viaria.

En la isla hay 800 vehículos por cada mil habitantes, frente a la media del Estado de 570, y entre 2000 y 2017 aumentaron las matriculaciones un 60% en la isla, frente al 40% de media estatal.

También hay 450 vehículos por cada kilómetro de carretera y una intensidad media diaria de tráfico de 11.800 vehículos, frente a la media de 8.050 de la Comunidad de Madrid.

Tres de cada cuatro desplazamientos en Tenerife se realizan en vehículo privado y solo uno en transporte público y el objetivo es revertirlo para alcanzar una distribución, al menos, del 50% entre los dos modelos.

Para ello, la política del Cabildo, explicó Becerra, hay que actuar en dos áreas, carreteras y transportes, y repasó las obras en marcha y los proyectos pendientes y las medidas para mejorar el transporte público.

"Hay que conseguir un crecimiento económico integrador en el que cada uno viva donde quiera y pueda trabajar donde le surja" y eso "obliga a una apuesta decidida por el desarrollo del transporte publico", insistió.

Eso no impide actuar sobre las infraestructuras, que sufren un retraso de más de diez años sobre lo ya planificado, y pasa por actuar en potenciar las autopistas del norte y del sur y en el cierre del anillo insular.

En la TF-5, la mejor alterativa es "sin lugar a dudas el carril bus vao", afirmó Miguel Becerra.

Entre proyectos previstos, proyectos en redacción y en ejecución hay actuaciones por más de 500 millones de euros, dijo el director insular después de repasarlos con detalle.

En cuanto al transporte público, se refirió al proyecto del tren del sur, que unirá las dos áreas metropolitanas de la isla, el proyecto del bus vao, la ampliación del tranvía, las mejoras de Titsa, la aplicación de tecnologías al transporte público, los acuerdos con hospitales, colegios y universidad, la lucha contra el intrusismo en el taxi y su adecuación a la demanda.