El dinero para iniciar las obras en Las Chumberas está garantizado aunque finalmente no se contase con los 12,6 millones del Estado. Ese fue el anuncio principal realizado anoche por el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, en una asamblea vecinal en la que informó de que el ayuntamiento y el Gobierno de Canarias han acordado suscribir un convenio para hacer frente a esa cuantía, y al que se podría sumar también el Cabildo de Tenerife.
Además de lo anterior, el regidor local aseguró que seguirán pagando los alquileres a quienes han tenido que dejar su casa, que van a revisar las viviendas, que se colocarán nuevos puntales, que se llevarán a cabo los realojos que sean necesarios y que continuarán con el expediente de expropiación, que es el paso que resta para poder comenzar la ansiada fase de obras. En paralelo, también indicó que insistirá al Ministerio de Fomento.
Todo ello fue avanzado durante una reunión que contó con la presencia de alrededor de dos centenares de asistentes y en la que hubo momentos de tensión y enfado vecinal. El primero en tomar la palabra fue el portavoz de la Comisión de Afectados por la Aluminosis, Ricardo González, que realizó una cronología de los pasos que se han dado. Le siguió el alcalde, que defendió el trabajo que se ha desarrollado desde el consistorio y se detuvo en el planteamiento repetido durante las últimas semanas de que desde el mes de julio están esperando por el Ministerio de Fomento para ampliar el convenio.
"Estamos con el convenio vencido y con la necesidad imperiosa de celebrar uno nuevo", manifestó el político nacionalista sobre el que es el elemento central de lo que ha ocurrido: el acuerdo interadministrativo (ayuntamiento, Cabildo, Ejecutivo regional y Gobierno central) para la financiación de las obras finalizaba el 31 de diciembre y, a partir de ahí, los 12,6 millones de Fomento están en el alero. Precisamente este viernes se conoció que el alcalde ha solicitado al ministro la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del convenio.
En cuanto a las intervenciones vecinales, varias giraron en torno a la preocupación por mantener la propiedad de las viviendas. A ese respecto, Díaz y el técnico de Muvisa Silvestre Suárez -protagonista de varias intervenciones vehementes- sostuvieron que ni contar con una segunda casa ni los ingresos de los dueños serán impedimentos para recibir el nuevo piso.