El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado instrucciones a sus Servicios Jurídicos para que informen al Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz, que instruye el denominado caso Las Teresitas, sobre la venta millonaria de un edificio por parte de uno de los condenados en esta causa: el empresario Antonio Plasencia.

El consistorio pretende así que el órgano judicial "tenga en cuenta" la existencia de esa cantidad de dinero para, en caso de que la sentencia judicial, que condena a Plasencia y al también empresario Ignacio González a indemnizar al ayuntamiento con 52,5 millones de euros, más los intereses, sea firme.

"Esa puede ser una forma de hacer efectivo el cobro de la indemnización por parte del consistorio", defendió ayer el concejal de Hacienda de Santa Cruz, Juan José Martínez.

La medida adoptada ahora por el ayuntamiento se produce tras conocerse la compra, por parte del Cabildo de Tenerife, de un edificio en la zona de Cabo Llanos a una de las empresas de Plasencia. La operación, según anunció la Corporación, ronda los 23 millones.

Lo que no va a hacer el consistorio de la capital, en todo caso, es pedir la ejecución provisional de la sentencia, tal y como han demandado desde 2017 los grupos de la oposición, y reiterado durante los últimos días, hasta que esta no sea firme.

De ello dejará constancia Martínez en la comisión de control de mañana, en la que comparecerá a petición de Sí se Puede y responderá una pregunta del PSOE sobre este asunto. Ambos grupos han exigido al también concejal de Recursos Humanos que explique en esa sesión las razones por las que no se ha llevado a cabo la ejecución provisional del fallo, y las actuaciones que se están realizando para hacer efectivas las indemnizaciones que se recogen en dicha resolución judicial.

En esta línea, Martínez recordó ayer que la Junta de Gobierno solicitó en mayo de 2017, tras conocerse la sentencia sobre el caso Las Teresitas, solicitar, junto con la Fiscalía, que se aplicaran medidas cautelares en lo referente a la responsabilidad civil. Es decir, que se tomaran, por parte del juzgado, todas las medidas necesarias para que el ayuntamiento tuviera "garantizado" el cobro, llegado el caso, de la millonaria indemnización.

También insistió en que no han solicitado la ejecución provisional de la sentencia porque entienden que si, al final, no es firme, el consistorio tendría que devolver "no solo el importe reclamado, sino los intereses correspondientes", que calculó en unos dos millones de euros.

En este caso, aclaró, "corre a favor del ayuntamiento al no haber pedido la ejecución provisional del fallo, en caso de que el Tribunal Supremo, donde ha sido recurrido, dicte su firmeza, como así esperamos y trabajamos para ello".

Reyes defiende la compra del edificio

La directora insular del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), Juana María Reyes, defendió ayer en Radio El Día la compra del edificio en la zona de Cabo Llanos en Santa Cruz. "En octubre nos enteramos de que había una disposición para la venta. Llevábamos buscando un edificio desde hace dos años y no teníamos un lugar donde trasladar a los más de 200 pacientes del Febles Campos y los más de 170 de Ofra", explicó. Reyes insistió en que tras la voluntad de realizar la venta, "visitamos la instalación, se hizo una primera valoración y una propuesta de 23,3 millones. Nosotros le planteamos al propietario que comprábamos en 23 millones. Y, ahora, se ha iniciado el procedimiento para la compra", dijo.

La director del IASS indicó que la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz ha dicho que son compatibles el uso sociosanitario y de edificio de oficinas, y expuso que disponen de la autorización del Consejo Rector del IASS y del Consejo de Gobierno del Cabildo para iniciar el proceso de compra. Del mismo modo, explicó que "el que ha valorado la adaptación de ese edificio de oficinas al uso sociosanitario es la misma persona que redactó el proyecto arquitectónico del Febles Campos; ha dicho que sí y eso nos da garantía en el uso".