El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves la condena dictada por la Audiencia Provincial de Tenerife contra los acusados en el ''caso Las Teresitas'', entre ellos el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo y el exconcejal Delegado de Urbanismo Manuel Parejo, condenados ambos a siete años de prisión. El Supremo confirma también la pena de cuatro años y seis meses para el exsecretario Delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes; de cuatro años para el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín González, y de cinco años y tres meses para los empresarios Antonio Ramón Plasencia Santos e Ignacio González Martín, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El caso de las Teresitas, que se remonta al años 2001, surgió tras la compraventa del frente de esta playa ubicada en la capital tinerfeña por un importe de 52,5 millones de euros cuando el precio de tasación era muy inferior, según los informes periciales.
Según informa el TSJC, la sentencia del Supremo confirma la "connivencia y cooperación" de los condenados en la alteración del precio de los terrenos, con perjuicio a las arcas municipales y que suponen un delito de malversación y prevaricación, ya que se dictaron resoluciones "a sabiendas de su injusticia para conseguir el fin pretendido".
De hecho, expone que el gasto necesario para la compra hizo necesario aprobar una modificación y ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos. El gasto que suponía la compra de estas parcelas del frente de playa por 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros) hizo aprobar una modificacióny ampliación del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos.
El ''caso Las Teresitas'' es una de las mayores causas judiciales por delitos de corrupción instruidas en Canarias. En abril de 2017, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó al exalcalde Miguel Zerolo y al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, ambos de Coalición Canaria, a siete años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación en el marco del "pelotazo" que supuso la adquisición del frente de la principal playa de la capital.
Todos los antes citados han sido condenados "por un delito de malversación de caudales públicos, al disponerse del patrimonio del Ayuntamiento para la adquisición de unos terrenos por un precio muy superior al que tenían en la realidad".
"Proceso administrativo criminalizado"
En esta operación urdida por políticos, funcionarios y empresarios hubo un beneficio de más de 100 millones de euros a costa del Ayuntamiento, según probó la sentencia.
El Supremo confirma además que existió una actuación dolosa de cuatro de los condenados dado su privilegiada posición en el Ayuntamiento y subraya que no se trató de un proceso administrativo más, sino de un claro "proceso administrativo criminalizado".
El principal condenado es el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, de Coalición Canaria, actualmente en libertad provisional, quien debe cumplir siete años de prisión por malversación y prevaricación, lo mismo que el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, del mismo partido.
Sobre los dos empresarios involucrados, Antonio Plasencia, expresidente de la Federación de Entidades de la Construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), e Ignacio González Martín, expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, recaen penas de cinco años y seis meses, por malversación y prevaricación.
Los mismos delitos recaen sobre los entonces funcionarios de la Gerencia de Urbanismo Juan Víctor Reyes y José Tomás Martín González, que deberán cumplir cuatro años y medio el primero y cuatro años el segundo.
Los acusados deberán indemnizar al Ayuntamiento con 52,5 millones de euros por la operación de compraventa del frente de playa y por 9,1 millones por la plusvalía generada por la recalificación de las propiedades privadas de la parte trasera, más los correspondientes intereses.
El Alto Tribunal considera que el convenio de compraventa del frente de playa "encarna el resultado de la actuación arbitraria, contraria a la legalidad y al interés público" llevada a cabo por Zerolo, Parejo, Reyes y Martín, que cometieron "delitos de prevaricación y malversación en una actuación concertada" en la que también participaron los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
En concreto, sobre el exalcalde Zerolo, la sentencia afirma que era conocedor de la manipulación del precio de compra y que hay indicios de su papel directivo en la operación.
Los dos empresarios adquirieron en 1998 los terrenos del frente y de la trasera de la playa de Las Teresitas por 33 millones de euros, con un préstamo de CajaCanarias cuestionado por el Banco de España y otorgado "en condiciones extraordinariamente llamativas".
El crédito era el más elevado de la historia de CajaCanarias y se concedió sin estudios previos a la sociedad Inversiones Las Teresitas, propiedad de los dos empresarios.
El Tribunal Supremo anuló en 2007 esta compraventa, entre otros motivos, porque el expediente no incluía las tasaciones municipales de la operación.