El sindicato UGT ha pedido este lunes al Cabildo de Tenerife que paralice la venta de los casinos públicos porque, en su opinión, el procedimiento está viciado de nulidad debido a irregularidades en la valoración para la fijación del precio de venta.

En un comunicado UGT advierte de que el proceso podría estar viciado de nulidad debido a la existencia "de múltiples anomalías" y asegura que al Cabildo "le interesaba reducir de manera drástica y sin causa ni motivo alguno" el valor que permitiera reflejar el precio de licitación, en claro perjuicio del interés público.

Afirma que la valoración realizada no ha sido verificada por los técnicos del Cabildo a pesar de que legalmente se exige un informe económico de tasación del valor de mercado de la entidad, y ello no garantiza en modo alguno que no haya una distorsión en el precio de salida de venta.

Añade que el precio razonable del valor del activo neto asciende "a la cantidad nada despreciable" de 12.208.000 euros.

Indica UGT que la auditora señala en su informe de tasación que la información necesaria para la realización del documento le ha sido proporcionada por la Dirección de Casinos de Tenerife "o ha sido obtenida por nuestra parte de fuentes de información públicas”.

También, según el sindicato, añade que el alcance de su trabajo “no ha incluido la realización de trabajos de auditoría contable, fiscal, laboral, inmobiliaria y medioambiental, ni procedimientos de verificación de la integridad y exactitud de la información que nos ha sido facilitada”.

Tampoco “ha incluido la realización de estudios de mercado que soporten las proyecciones financieras de las sociedades”, prosigue UGT, que asegura que la auditora afirma que “no asume o garantiza, expresa o implícitamente, la veracidad, exactitud e integridad de la información contenida en este documento y suministrada por Casinos de Tenerife para la realización de nuestro trabajo”.

En la demanda presentada por UGT-CANARIAS contra los pliegos de venta de los casinos se señalan las irregularidades que vulneran "claramente" los principios de objetividad y transparencia que deben regir cualquier tipo de concurso público, y afirma que el valor del Casino Playa de las Américas SA, que la sociedad TINSA evalúa en 4.521.760,86 euros, no contempla la maquinaria a pesar que tanto uno como otro inmovilizado pasarían a la titularidad de los nuevos accionistas.

Tampoco ha incluido “la realización de trabajos de auditoría contable, fiscal, laboral, inmobiliaria y/o medioambiental, ni procedimientos de verificación de la integridad y exactitud de la información”.

Insiste por ello en que los encargados de valorar ese proyecto serán precisamente los mismos que han diseñado la licitación con estos elementos y con ese método de valoración se produce una reducción de 4.398.000 euros.

UGT siempre ha defendido que no existe una causa legal, ni económica que justifique la venta de los casinos públicos de Tenerife "y mucho menos" cuando son empresas que generan "amplios beneficios" que repercuten en el bienestar de la ciudadanía de la isla.