La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Santa Cruz de Tenerife, María del Carmen Serrano, tendrá que resolver ahora la causa civil sobre el caso Las Teresitas, cuya sentencia dejó en suspenso mediante un auto hasta que se conociera la resolución de la vía penal abierta a los investigados y enjuiciados en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Una vez que la sentencia del procedimiento penal ya es firme, tras la resolución dictada por el Tribunal Supremo el pasado jueves, la juez instructora encargada del procedimiento civil tendrá que resolver el litigio abierto por los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, administradores al 50% de Inversiones Las Teresitas (ILT), quienes reclaman al Ayuntamiento de Santa Cruz la cantidad de 106 millones de euros después de que el Supremo, en otra sentencia dictada en 2007, anulara la operación de compra efectuada en 2001 de las 11 parcelas del frente de playa de Las Teresitas, que los dos empresarios habían adquirido de la Junta de Compensación en junio de 1999 "utilizando información privilegiada" sobre un dictamen judicial que avalaba el cambio de uso de los terrenos, situación jurídica que se haría pública tres días después de la operación.
El motivo por el cual el Supremo anuló en 2007 la operación está también en el centro de la instrucción de la causa penal, que no es otra cosa sino que las parcelas se compraron por parte del ayuntamiento sin que se hiciera constar un informe pericial de los técnicos del Consistorio sobre la valoración de dichos terrenos que la Corporación local adquirió. En el procedimiento penal se demostró que existía un informe de la arquitecta municipal Pía Oramas que valoraba dichos terrenos en una cantidad que rondaba los 19 millones de euros y no los 52 millones que acabaron abonándose. En la causa penal se demostró que dicho informe fue sustraído del expediente de compraventa de las parcelas que se llevó al pleno extraordinario de agosto de 2001, donde se votó de manera mayoritaria a favor de la compra de dichos terrenos.
Inversiones Las Teresitas asegura en este pleito que las parcelas ya no se pueden devolver porque han perdido todo su valor inmobiliario. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se tiene la certeza, por la sentencia penal, de que los condenados tendrán que satisfacer, de manera solidaria, los 52,5 millones de euros cobrados por la venta de los terrenos al ayuntamiento. Es decir, que el ayuntamiento, que ha ejercido la acusación civil en ambos pleitos, reclamará las cantidades quebrantadas a las arcas municipales.
Según se recoge en el auto del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santa Cruz de Tenerife, dictado en marzo de 2016, "el proceso civil que ha sido promovido por Inversiones Las Teresitas, sobre la liquidación de los efectos civiles de la nulidad de la compraventa de las 11 fincas de la playa, celebrada el 18 de septiembre de 2001, queda en el momento actual pendiente únicamente de dictar sentencia". Decía entonces la juez María del Carmen Serrano en dicho auto que "ha quedado acreditada la existencia de un procedimiento penal, iniciado por querella criminal de la Fiscalía por un posible delito de malversación de caudales públicos y de prevaricación, siendo el hecho supuestamente delictivo el contrato de compraventa que nos ocupa".
Una vez resuelta esta cuestión, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento capitalino tendrá que estudiar "cómo queda la situación urbanística de todo el conjunto de terrenos afectados, esto es, no solo las once parcelas que han estado en la disputa del litigio civil y penal, también la parte trasera del frente de playa, que es el ámbito denominado como Las Huertas", señaló ayer el concejal de Urbanismo del Consistorio chicharrero, Carlos Tarife.
"La situación urbanística, una vez se resuelva la restitución de todos los terrenos y parcelas, debe acometerse en su conjunto, no solo en el ámbito del frente de playa, también la parte trasera de Las Huertas", añadió el edil.
Por los terrenos de Las Huertas, los empresarios de ILT, ya condenados en firme, resultaron beneficiados en la operación de compraventa, pues la Corporación que presidía Miguel Zerolo en 2001 acordó un traslado de los usos por dos parcelas de la delantera que no tenían una capacidad edificatoria rentable -eran dos parcelas del final de la playa y se decidió trasladar su edificabilidad a dos parcelas de la trasera-, lo que en números redondos supuso un beneficio de 9,1 millones de euros para ILT.
En 2006, Antonio Plasencia e Ignacio González acabaron vendiendo a Desurcic, filial de Mapfre, los 120.000 metros cuadrados de terrenos en la trasera de la playa, esto es el Valle de Las Huertas, por 96.161.936,7 euros. Aquella operación acabó truncada también para la compradora, ya que en una resolución adoptada por la Gerencia de Urbanismo en marzo de 2009, y que fue aprobada en pleno, se devolvieron a los primeros propietarios (Junta de Compensación de Las Teresitas) 17 de las 31 parcelas.