Otro verano sin piscina en Los Silos: la justicia rechaza su apertura temporal

La Audiencia Nacional ha emitido un auto por el que se opone a la petición del Ayuntamiento de Los Silos en Tenerife de permitir la apertura de las piscinas del Puertito de forma temporal hasta que se resuelva el pleito que mantiene con la Dirección General de Costas por la caducidad de la concesión de este espacio.

La corporación local discrepa de la negativa del Ministerio de Transición Ecológica de seguir ocupando 6.500 metros cuadrados de dominio público lo que permitiría que se pudieran legalizar las instalaciones.

Mientras se decide en los tribunales el pleito principal, el Ayuntamiento quiere ahora que, de forma provisional se otorgue una autorización para que las piscinas puedan ser usadas por los vecinos, lo que descarta la Audiencia Nacional.

El Ayuntamiento apela al deterioro que puede traer consigo el desuso de la piscina, ya que la no ocupación de la infraestructura la dejaría inservible, "lo que causaría perjuicios de muy difícil reparación", tras haberse realizado importantes inversiones con dinero público que de esta manera no se podrán amortizar.

"Dado el abandono actual se producen reiterados actos vandálicos, según informe de la Policía Local, y al poder accederse con facilidad desde los jardines exteriores, existe el riesgo de caída de gran altura, sobre todo de menores", había esgrimido el Ayuntamiento.

Los Silos acude a la justicia en su objetivo de reabrir la piscina

Según el ente local, la solicitud había sido informada favorablemente por la Dirección General de Costas y no se ha opuesto el Gobierno canario, por lo que debe prevalecer el interés público y el objetivo de prestar el servicio a los vecinos como ha ocurrido "en los últimos cincuenta años".

En estos momentos no se ha llevado a cabo ninguna actuación de demolición o restauración por parte del Gobierno central desde que las instalaciones volvieron a sus manos en estos últimos seis años tras haber finalizado la concesión.

Contra la apertura

El abogado del Estado, por su parte, se opone a la apertura aunque sea temporal de las piscinas y descarta que esta decisión suponga efectos "irreparables" y, por ejemplo, en el caso de daños en el edificio "estos podrían tener solución".

La posición del Gobierno central es que en materia de costas debe prevalecer el interés público que en este caso se centra en la conservación del medio, la selección de autorización y concesiones y la necesidad de poner fin al deterioro y alteraciones irreversibles del entorno.

La Sala entiende contradictorio que el Ayuntamiento hable de las inversiones realizadas en las instalaciones y a la vez aluda al estado de abandono y cree que debe prevalecer el interés de Costas frente al de la corporación local cuando se trata de la recuperación del dominio público marítimo terrestre.

Las piscinas fueron cedidas al Ayuntamiento en 1968 durante cincuenta años, plazo que culminó en 2018 y posteriormente revirtió de nuevo al Gobierno central, por lo que permanecen cerradas desde entonces e incluso se ha anunciado la intención de proceder a su derribo.

El grupo de gobierno ha optado por la vía judicial, aunque desde el Ejecutivo canario se había pedido esperar a que las competencias de costas pasaran a manos de Canarias con el fin de poder arreglar mediante negociaciones el contencioso ya que de existir una sentencia firme "sería muy difícil cambiarla".