Dimas Martín, que fuera presidente de las AIC, fundador del PIL y de toda una estirpe de políticos conejeros y uno de los hombres clave de la isla de Lanzarote, se enfrenta a 15 años de prisión por el cobro de comisiones. La Fiscalía del caso Unión, que sacudió hace unos años los cimientos de la isla de los volcanes implicando a más de un centenar de personas, considera que Martín fue el principal cerebro de una trama de sobornos a empresarios que pagaban entre un tres y un diez por ciento del precio total de los contratos que se les facilitaban en el Ayuntamiento, gracias entre otras cosas a la diligente aplicación de la hija de Dimas -Elena-, jefa del departamento de contratación, a quien la Fiscalía pide también cuatro años. Dimas dirigió todo ese tinglado desde la cárcel de Tahíche, donde -a pesar de encontrarse preso por delitos anteriores- se permitía hacer lo que le venía en gana.

Coincidiendo con la petición fiscal contra Dimas, uno de los Juzgados de lo Penal de Arrecife ha condenado a nueve años de inhabilitación como alcalde a Domingo González Arroyo, por intentar legalizar una cantera de la que había sido socio. Conocido como "el marqués de La Oliva", González Arroyo es un personaje irrepetible y singular, hospedado por la mitad de los partidos políticos de Canarias. Su carrera como cambiapieles es realmente espectacular: estuvo en el CDS, fue diputado regional con el primer Gobierno de Coalición, senador por el PP y ahora preside el Partido Progresista Majorero, creado por él. Preguntado ayer por su condena ha alegado que no tiene importancia alguna, porque va a recurrirla ante el TSJC y luego ante el Supremo, y podrá seguir estos cuatro años en la alcaldía de La Oliva, que gobierna en minoría y con solo cinco votos de 21 concejales, porque Coalición, el PSOE, el PP, Nueva Canarias y Votemos se lo permiten. Ellos sabrán por qué.

El caso de Dimas o el del Marqués es paradigmático de lo que ocurrió en las islas -en todas, pero especialmente en las de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura- como consecuencia del enorme desarrollo de la economía del turismo y la construcción, de la facilidad con la que se movía el dinero, y del peso de las decisiones sobre el territorio en los negocios hoteleros. En Tenerife y Gran Canaria, la podredumbre contaminó parcialmente algún ayuntamiento de los Sures, pero en Lanzarote y Fuerteventura, y durante la época de las "vacas gordas", ambas islas quedaron en algún momento bajo el control casi absoluto de un sindicato de golfos apandadores que actuaban como señores feudales, gobernaban ayuntamientos y cabildos y usaban las leyes a su antojo. Una de las pocas ventajas de esta crisis de la que aún no salimos es que -al acabarse el dinero y extremarse los controles públicos sobre el gasto- muchos de esos golfos han sido finalmente expulsados de la política o han dado con sus huesos en la cárcel. Pero no todos. Con la complicidad de los partidos tradicionales -y de los nuevos- los hay que aún resisten.