Fomento y los sindicatos de estibadores no han logrado alcanzar ningún acuerdo en la reunión sobre la reforma del sector de la estiba que el Consejo de Ministros tiene que aprobar este viernes, por lo que se mantiene la convocatoria de huelga en los puertos prevista para el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana. Los sindicatos han amenazado con convocar más huelgas en los puertos, además de las ya anunciadas, si el Consejo de Ministros aprueba la reforma de la estiba, la única profesión no abierta a la libertad de contratación en nuestro país.

Para entender un conflicto que puede llegar a tener graves consecuencias para el normal abastecimiento de productos en las Islas, hay que tener en cuenta que las empresas que operan en los puertos no pueden contratar a los trabajadores que quieran -como cualquier otra empresa- y solo pueden emplear trabajadores miembros de las Sociedades Anónimas de Gestión de Trabajadores Portuarios. Gracias a esa posición extraordinaria, que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea obliga a liberalizar, los estibadores españoles constituyen una suerte de aristocracia laboral, no solo por la seguridad que supone la endogamia de no poder contratar a nadie fuera de sus sociedades, sino porque eso les ha permitido negociar unos salarios muy por encima de la media -de 65.000 euros por año-, con convenios en los que quedan muy bien fijadas sus prerrogativas. Son retribuciones que no se pagan ni siquiera en el sector industrial, y que han sido posibles porque la estiba controla en España el 85 por ciento de las importaciones de productos y mercancías que entran en el país, y el 60 por ciento de las exportaciones. Los estibadores pueden bloquear -y lo han hecho en alguna ocasión- un sector de extraordinaria importancia económica, presionando en defensa de un estatus que viene de viejo. Pero eso tiene que acabarse.

Para evitar que se produzca una sanción europea, el Gobierno quiere imponer, vía real decreto ley, unos cambios que implican una transición de tres años, tras los que las sociedades de los estibadores podrán ser liquidadas o convertirse en empresas de trabajo temporal. Para trabajar en las actividades de estiba se exigirá una titulación cualificante o una experiencia demostrada superior a las cien jornadas de trabajo.

Los trabajadores no se fían de esta reforma, que creen que permitirá a las empresas contrataciones mucho más rentables y puede significar la generalización de despidos y regulaciones de empleo encubiertas. Su respuesta es la típica del manual del sindicalista en apuros, la misma que han utilizado en tantas ocasiones: toque a rebato para paralizar los puertos de toda España con una huelga que es de difícil salida tanto para los trabajadores como para las empresas, y que al final pagaremos los ciudadanos. Pero no parece que tengan mucha escapatoria: por eso sería mejor encarrilarse hacia una negociación que amplíe el plazo de sus privilegios que enquistarse y romper la baraja.

Este no es tiempo de huelgas salvajes en defensa de situaciones de ventaja... La gente que no cobra 65.000 euros está muy quemada por la crisis: solo hace falta recordar el general aplauso a las medidas de fuerza adoptadas por el Gobierno con los controladores aéreos hace unos pocos años, para entender que -también en esta ocasión- puede ser más inteligente y provechoso un mal acuerdo que un buen pleito...