CEOE-Tenerife vuelve a responsabilizar de la debilidad de nuestra economía a la diarrea normativa que sufre Canarias. No le falta razón cuando considera que un exceso de regulación -y en muchos casos regulaciones contradictorias- puede resultar un freno para la economía. Pero decir que los salarios bajos que existen en Canarias son el resultado directo de esa situación de marasmo legislativo, como ha hecho el presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, es de una desfachatez abochornante. La proliferación insensata de leyes y normas puede llegar a estrangular la actividad económica y perjudicar la creación de empleo. Pero el hecho de que en Canarias suframos la pura vergüenza de que nuestros sueldos son los más bajos de toda España tiene poco que ver con eso. El sector turístico ha creado mucho empleo en los últimos cinco o seis años, y eso no ha significado -en absoluto- una mejoría de los salarios proporcional al incremento estratosférico de los beneficios del sector.

Si los sueldos son bajos en Canarias es por motivos estructurales: el primero es -sin duda- la terciarización de nuestra economía, instalada en el sector servicios. Ocurre que en los servicios los salarios suelen ser más bajos -especialmente al final de la cadena del empleo, entre trabajadores no especializados-, y además nuestro mercado es muy pequeño y no desarrolla las enormes plusvalías que si se producen en otros mercados y otras actividades. Pero eso no es todo: hay algo que CEOE no reconoce ni va a reconocer nunca, que es la extraordinaria resistencia de las empresas de las Islas a mejorar la distribución de la renta entre la propiedad y el trabajo. Canarias es la región con mayor pervivencia de la desigualdad social, un territorio recién salido del subdesarrollo, donde aún perviven modelos arcaicos. Y los poderes públicos, más ocupados con sentar bases para el crecimiento, no han estado muy pendientes de resolver eso: antes de la crisis, la desigualdad existía, pero no se notaba tanto, porque no había dado lugar a la extensión de situaciones de grave abandono y desesperación, como sí ocurre hoy. En el reparto de la riqueza había mucho más para unos que para otros, pero había suficiente para casi todos. Con la crisis, esa situación cambió radicalmente, y los desajustes se agravaron y se hicieron notar mucho más. Las crisis -al contrario de lo que suelen pensar los radicales y aventureros- no suelen conducir a explosiones sociales que conquisten situaciones de mayor justicia: entre la reforma laboral y su correlato de miedo a perder el puesto de trabajo por cuatro cuartos -por un lado-, y la creciente abundancia de mano de obra -por otro-, los salarios se han derrumbado en las Islas. Quizá no en las estadísticas y regulaciones oficiales, pero sí en la práctica diaria de la contratación laboral. Antes de la crisis, cobrar mil euros por un trabajo de cuarenta horas semanales se consideraba una miseria: hoy se ha convertido en un privilegio.

No es un fenómeno sólo canario, pero en Canarias es más duro, y más difícil de cambiar. A la CEOE le asiste el derecho de solicitar la poda de esa selva normativa que dificulta el crecimiento. Pero no a mentir ni a colocar sobre el tejado de la política una responsabilidad que es básicamente de los empresarios. Si seguimos con los salarios más bajos del país, siendo la nuestra la región que más crece en toda España, no es por exceso de leyes.

Es por la avaricia de quienes tienen más.