Al final, han decidido no esperar ni por el PSOE ni por el informe que habían solicitado al Gobierno de Canarias. El Partido Popular, Nueva Canarias y Podemos, en Junta de Portavoces reunida ayer en el Parlamento de Canarias, han acordado presentar la requeteanunciada iniciativa para destituir al presidente del Consejo Rector de la Televisión Canaria. En realidad, que Santiago Negrín sea o no sea presidente del Consejo Rector se las trae a todos bastante al fresco: Negrín tiene que dejarlo en el mes de mayo, porque en esa fecha vence su mandato. Si los partidos de la oposición están empeñados en cargárselo antes es para evitar que se pueda producir la adjudicación del contrato de los informativos de televisión, que -por cierto- no es competencia de Negrín, sino del Consejo en pleno. Quienes gobiernan el PP y Nueva Canarias están empeñados en evitar que se adjudique el contrato, porque si no se adjudica sólo quedarían dos opciones: o llevar la televisión a negro, que dejara de emitir, o que nuevamente se prorrogue al actual contratista, la empresa Videoreport, vinculada al rotativo Canarias 7. Todas las prisas del PP y Nueva Canarias tienen que ver con mantenerle a Canarias 7 su actual canonjía: están convencidos de que ni el Gobierno ni el Parlamento (de quien es la responsabilidad de la tele) se atreverán a suspender las emisiones, y acabarán por apoyar una nueva e ilegal prórroga con la empresa a la que Paulino Rivero adjudicó hace diez años el contrato en un negociado con publicidad.
Tan apurados están por forzar la renuncia de Negrín, que ni se han dado cuenta de que el día 31 de diciembre (de este año) vence también la prórroga del transporte de señal, y que sin que alguien firme un nuevo contrato, lo mismo la tele se va a negro antes de junio. La pelea por evitar que se celebre un concurso se ha convertido en algo bastante abochornante. El compromiso de los políticos con el actual licitador es tan obvio, y tan poco recatado, que nadie se está ocupando de pensar cómo se resolverán las cosas si Negrín renuncia a seguir en el Consejo, además de dejar la Presidencia. Porque si el PP, Nueva Canarias y Podemos logran convencer al PSOE de que se sume a la operación de destitución de Negrín, si al final consiguen apartarlo de la Presidencia del Consejo Rector, podría ocurrir que Negrín decidiera también dejar su puesto como consejero, y entonces, lo que se ha planteado como un cese meramente táctico, que persigue evitar que se haga un concurso de informativos, se convertiría en la voladura de todo el Consejo, que no puede actuar ni tomar decisiones si no cuenta con un quórum de tres miembros. En realidad, a los proponentes de la censura a Negrín -quizás con la excepción de Podemos, que probablemente aún no se haya enterado de qué va la guerra- les da igual lo que pase con la tele. Lo que les interesa es forzar la prórroga ilegal del actual contratista. Pero? ¿quién asumirá firmar esa prórroga si no hay Consejo? ¿El Gobierno? ¿El Parlamento? ¿El administrador único de la Sociedad Pública de Televisión, que sigue siendo Negrín hasta que lo cese un Consejo que no tendría quórum para poder hacerlo? Es lioso?, ¿verdad?
Dentro de ocho meses -suponiendo que en enero no haya que parar las emisiones por imposibilidad de renovar el transporte de señal- habrá que decidir entre cometer una ilegalidad o cerrar la tele. Esa es la apuesta. Una lástima que esta panda no se tome en serio la opción de contratar al personal y hacer una televisión pública. Una lástima que Sus Señorías piensen más en el negocio privado del contratista que en el interés público.
Algún día no muy lejano tendrán que explicárselo a la gente.